La Junta de Gobierno de Vigo aprobó el 17 de enero de 2014 el requisito de empadronamiento para acceder a la tarjeta verde de Vitrasa bajo el argumento de destinar exclusivamente a los vigueses lo recaudado con sus impuestos. La medida se adoptó hace cuatro años, pero su repercusión económica ha sido escasa porque solo afectaba a los bonos de nueva expedición. No fue hasta la entrada en vigor de la PassVigo el 16 de abril cuando repercutió sobre todos los vecinos sin residencia oficial en el municipio y surgieron denuncias.
Grandes ciudades como Madrid, Valencia o Málaga no exigen empadronamiento para los bonobuses ordinarios y solo lo piden para los descuentos especiales a personas sin ingresos, pensionistas o discapacitados. Pero el criterio se aplica de forma muy dispar a lo largo de todo el territorio nacional. En Torrevieja la tarjeta con descuentos en los autobuses urbanos se reserva a "cualquier empadronado en el municipio", situación que se repite en Mérica para obtener el bono mensual general, el joven o el reservado para mayores de 60 años y desempleados. En Alicante se exige la residencia para el Bono 4/30 joven y el Bono Móvilis Oro para jubilados que viajan gratis. En Ciudad Real para los abonos ordinarios no piden figurar en el censo pero sí para la Tarjeta Oro para mayores. Castellón optó por restringir a sus vecinos el Bono Universitario Becado y el Bono Oro de jubilados mientras que en Valladolid hay que demostrar la residencia para acceder al Bono 30 Joven, el Bono Social y el Infantil.
