El gobierno vigués no aplicará las dos prórrogas automáticas de cinco años cada una que permite el contrato firmado con Vitrasa en el año 1975 y que finaliza el próximo 8 de junio de 2020. La concejala de Transportes, Ángeles Marra, avanzó en el Pleno celebrado ayer que con un año de antelación, a mediados de 2019, se procederá a denunciar el contrato tal y como exige la tramitación administrativa ordinaria con la intención de anunciar a la actual concesionaria de que se sacará el servicio de nuevo a concurso para intentar lograr unas condiciones más competitivas y adaptadas a la nueva realidad territorial y social del municipio. "Queremos mejorar la concesión. Fue redactada de forma poco conveniente para la ciudad en su día y quienes la hicieron tendrán que dar explicaciones", trasladaron ayer fuentes municipales al final del debate.

Si el Concello no denunciara a tiempo ese contrato, se aplicaría de forma automática la primera prórroga de cinco años con duración hasta 2025, a la que podría sumarse otra segunda por igual plazo. Pero no se harán efectivas porque se quiere redactar un pliego con nuevas condiciones que garanticen la modernización del servicio y que no sea tan gravoso en términos económicos para las arcas municipales.

Los presupuestos del último ejercicio incorporaban dos partidas destinadas a los usuarios de Vitrasa: una subvención de las lanzaderas de 1.425.000 de euros y el grueso de 11.350.000 de euros para financiar los bono bus, la tarjeta verde y "políticas de transporte", dejando un total de 12,77 millones a finales del último ejercio, año en el que Vitrasa ganó usuarios por tercer año consecutivo. Después del descenso coincidente con los peores momentos de la crisis económica, la concesionaria cerró 2017 con 19,7 millones de usuarios de pago, su mejor dato desde el 2012.

Marra confirmó lo que ya había deslizado el alcalde en anteriores ocasiones asegurando que se renovará la concesión "en tiempo y forma" en respuesta a una moción de Marea de Vigo reclamando al gobierno local que asumiera en público el compromiso de no prorrogar la concesión del transporte urbano, que condicionara cualquier inversión a la ejecución de una auditoría previa sobre la firma perteneciente al Grupo Avanza y un punto inicial del debate para recuperar el convenio del transporte metropolitano con la Consellería de Infraestructuras.

Los socialistas votaron en contra de la moción y se centraron en aclarar los planes del Concello para el servicio del transporte municipal y en defender que la nueva tarjeta PassVigo de la que se han repartido 117.836 unidades "es un proyecto del Concello" y no de la concesionaria, como apuntaron desde la coalición. Rubén Pérez reclamó que se vigile cualquier inversión que realice Vitrasa y si bien respaldó que la tarjeta verde ordinaria "se ligue al empadronamiento", pidió excepciones para colectivos como los estudiantes o los bonos mensuales.

La edil del PP Teresa Egerique también criticó las atuales condiciones del servicio denunciando que Vigo "tiene el transporte público más caro de Galicia y uno de los más caros de España", señalando como "gravamen adicional" la que los populares tildan como "tasa Caballero" que es el precio que se dejan de ahorrar los viajeros por la paralización del convenio del transporte metropolitano por la falta de acuerdo entre Xunta y Concello y que motivó hace más de un año el bloqueo del Área Metropolitana.

También en materia de transportes, PSOE y Marea instaron a la Xunta a habilitar un autobús directo a Peinador desde Vigo idéntico al que subvenciona con 340.000 euros en Santiago. Este punto generó un intenso enfrentamiento con el PP, que exhibió el texto del acuerdo inicialmente alcanzado y que nunca se aplicó acusando al Concello de Vigo de "pretender imponer un precio tres veces superior al de la capital gallega". Marra sostuvo que Infraestructuras nunca respondió a sus alegaciones.

Ángeles Marra - Concejala de Transportes

"Se buscará un mejor servicio con tiempo y forma suficiente"

Teresa Egerique - Edil del PP

"Los vigueses pagan uno de los billetes más caros de España"

Rubén Pérez - Portavoz de Marea

"Hay que auditar los gastos que hace la concesionaria"