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La administración concursal y el Concello negociarán para liquidar la concesión del auditorio vigués

El acuerdo debe ser aprobado por los acreedores y por el juez de lo Mercantil - El contrato con la sociedad, valorado en 74 millones

Exterior del Auditorio Mar de Vigo, en Beiramar. // Ricardo Grobas

El concurso de acreedores de la sociedad concesionaria del Auditorio Mar de Vigo, Pazo de Congresos S. A., ha llegado a su punto más álgido. Tras hacer entrega a mediados de enero del plan liquidación al que quedo abocada por ley tras no presentar en plazo un convenio de acreedores, este documento fue aprobado el pasado 13 de febrero por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra con sede en Vigo. Con la finalidad de obtener el montante suficiente que permita hacer frente a la deuda con sus acreedores -cantidad que se elevaría a los 84 millones de euros-, la administración concursal de la empresa tratará de llegar a un acuerdo con el gobierno local para liquidar el contrato de concesión, valorado en el plan en más de 74 millones de euros. Esta conformidad necesita contar también con el visto bueno de los propios acreedores y del juzgado o no será válida. Si tal acuerdo se produce, se procederá con la redención de cuentas y conclusión del concurso.

En el caso de que este acuerdo no se logre en un tiempo de seis meses o la cantidad propuesta por alguna de las partes no sea la interesada, la administración concursal abandonará la vía administrativa y optará por interponer una demanda ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el Concello de Vigo. Fuentes consultadas sostienen que "no es habitual" llegar a la vía contenciosa en un concurso de acreedores sin embargo señalan la particularidad de éste al tratarse de una concesionaria. Para la propia sala mercantil desplazada se trata de también de una excepcionalidad ya que es la primera adjudicataria que se ha visto inmersa en un concurso de acreedores en Vigo.

Otro de los trámites pendientes en este procedimiento es su calificación. El juzgado habilitó un plazo de 10 días, que vence en breves, para que el Ministerio Fiscal, acreedores y administración concursal consideren si se trata de un concurso fortuito -el empresario salvará su responsabilidad y patrimonio personal- o culpable, si los gestores de la empresa han tenido alguna responsabilidad directa en las causas que llevaron a Pazo de Congresos S.A. a la insolvencia.

Según el plan de liquidación, una vez se emita este informe de calificación, la administración concursal ya podrá solicitar la devolución de un aval por valor de 5.600.000 euros que la entidad entregó al ente local por el que se garantizaba las obligaciones del contrato de concesión.

Además de buscar un acuerdo entre el Concello y la empresa en concurso por la concesión, el plan de liquidación también hace referencia a los deudores de esta última; es decir, efectivo de clientes, administraciones públicas e inversiones financieras de los que acumula más de 262.000 euros sin cobrar. Así, la administración concursal llevará a cabo varias gestiones para tratar de recuperar este dinero y de las que informará de forma periódica.

El auditorio de Beiramar

¿Y qué ocurre con la concesión del Auditorio Mar de Vigo otorgada por el Concello? El propio juzgado mercantil ya resolvió en su auto de disolución de la adjudicataria que ésta deberá entregar a la administración local la infraestructura y poner a su disposición los gastos, devengos e ingresos. Pazo de Congresos S.A., cuyos accionistas son las constructoras Sacyr y Puentes y Calzadas además de Merlín Properties y Abanca, tiene de plazo hasta finales de este mes para hacer entrega del auditorio, que pasará a estar gestionado por el propio Concello vigués. Como ya reiteraron en su momento, el Ayuntamiento celebró que el recinto de Beiramar "pase a ser público y 100% municipal".

Desde que el auditorio abrió en 2011, la sociedad Pazo de Congresos ha elevado sus números rojos al estar infrautilizado el suelo a explotar. En 2013 las pérdidas ascendieron a 2,4 millones y un año después, a 3. El Concello inyectó 5 millones en 2012 y amplió la concesión de 35 a 60 años, el máximo legal.

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