En mayor o menor medida, pero todos los juzgados y demás dotaciones judiciales de Vigo cuentan con servicios mínimos en el marco de la huelga de funcionarios que mañana cumple un mes. Con la excepción de una. Se trata de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Asistencia a la Víctima, que permanece cerrada a cal y canto desde el pasado 7 de febrero debido a que las tres trabajadoras que integran la misma secundan el paro. La Xunta no incluyó este servicio en la orden en la que se fijaron los trámites de obligado cumplimiento para garantizar "los servicios esenciales" ante la huelga convocada. Y no son pocas las personas afectadas por delitos que pasan por esta oficina semana tras semana. A lo largo de 2017 las funcionarias prestaron asistencia integral a 186 víctimas -esta cifra no incluye a aquellas personas que acuden para obtener información inmediata o para realizar trámites puntuales-. La mayoría son mujeres que afrontan una situación de violencia de género, pero también se atiende a afectadas o afectados por cualquier otro tipo de ilícito.
"En Galicia, además de la de Vigo, hay otras seis oficinas de atención a la ciudadanía y a las víctimas", explica Mercedes Vázquez, trabajadora de la que está ubicada en la urbe olívica. Ella secunda la huelga desde el inicio, pero considera que esta dotación debe estar incluida en los servicios mínimos. "Y no lo está, se olvidaron de incluirla en el decreto, y con ello la Xunta está incumpliendo la ley, vulnerando los derechos de las víctimas, de las personas más vulnerables", afirma, en referencia a la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, donde, incide, se expone textualmente que toda víctima "tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios".
Esto incluye, entre otros trámites, información adaptada a sus circunstancias sobre las medidas médicas, psicológicas o materiales a su alcance, así como asesoramiento sobre el procedimiento para obtener defensa jurídica, sobre las posibles medidas de protección que puede instar, acerca de indemnizaciones a las que tiene derecho o incluso sobre las posibilidades de obtener "un alojamiento alternativo" en casas de acogida
"Los casos que vemos con más frecuencia son los de violencia de género, pero también de otros delitos, como acosos, abusos, agresiones sexuales...", concreta Mercedes Vázquez, que añade que, además de ofrecer a las víctimas información sobres sus derechos, "las acompañamos al juzgado que lleva su asunto, solicitamos un biombo si así lo pide para garantizar que no tenga contacto visual con el agresor, les asesoramos sobre los servicios jurídicos o psicológicos a su alcance...". "La Administración, en definitiva, debe amparar a la víctima, y en esta huelga no lo está haciendo al no contemplar estas oficinas en los servicios víctimas", señala.
Decanato
Ante esta situación, la Xunta señaló ayer que la oficina de asistencia a las víctimas depende del decanato de los juzgados, agregando que en el decreto sí se fijan servicios mínimos para este último. Al respecto, desde el decanato vigués informaron que están realizando "labores de información" funcionarios de otro servicio adscrito, el de reparto. Las mismas fuentes señalaron que, además, la pasada semana se incorporó de nuevo una psicóloga para atender a víctimas de maltrato en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
