El histórico paro de funcionarios judiciales sumó ayer su décimo día. En plenas conversaciones entre comité de huelga y Xunta, una reunión que lejos de desbloquear el conflicto lo enrocó más tras abandonarla por la tarde los sindicatos, en los juzgados de Vigo se celebraba una multitudinaria asamblea de trabajadores que ha dejado claro que, pese a que ya van muchas jornadas, no están dispuestos a cesar en su lucha. "No nos vamos a rendir; esto es ya cuestión de dignidad", dijeron entre aplausos tras recibir, por parte de dos portavoces sindicales, información sobre esas negociaciones. Y lo que se transmitió fue que la oferta del Gobierno autonómico en relación con los cinco puntos que motivan las protestas es una "vergüenza". O, se describió de forma literal, una "porquería".
"Va a ser una semana durísima; buscan que flaqueemos y abandonemos, pero no lo van a conseguir", transmitía Yolanda Rodríguez, de SPJ-USO, a los más de 160 funcionarios que abarrotaron la sala en la asamblea. Su compañero de sindicato Julio Bouza y Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza-CUT, son los representantes de Vigo que estaban presentes en Santiago en unas negociaciones en las que, señalaban ayer en Vigo, la Xunta no nos trajo "nada". Niegan que cuatro de las reclamaciones -sustituciones, refuerzos, amortización de plazas y bajas por incapacidad temporal- estén "cerradas". Y sobre el punto más conflictivo, el del complemento autonómico transitorio (CAT), "ni lo tocaron". Por ese concepto cobran 435 euros mensuales y demandan 225 más (de forma escalonada en tres años) para "equipararse" al resto de comunidades y dejar de estar "a la cola".
"Salvo un milagro", valoraba Yolanda Rodríguez, no parece haber esperanzas de que esta semana se desbloquee el paro. "Buscan desgastarnos", dice. De hecho, el comité sigue adelante con el calendario de protestas. Hoy los juzgados vigueses acogen un desayuno solidario y se iniciará una campaña de recogida de alimentos a favor de la ONG Vida Digna. Y tienen autorización para una manifestación este sábado, a las 12.00 horas, en Santiago.
La huelga está teniendo un importante coste económico para los funcionarios. Dependiendo del cuerpo al que pertenezcan, quienes hayan participado los diez días que iban hasta ayer ya han perdido entre 600 y 800 euros. "Y no sabemos lo que nos van a quitar por los fines de semana", expresaban varios trabajadores. Existe la "lógica preocupación" por si el conflicto se extiende en el tiempo, pero por ahora las fuerzas no flaquean. "Yo esta semana sigo, lo tengo claro; y la que viene también...", afirmaba sin titubear una trabajadora.
"Desprecios"
En la asamblea los trabajadores mostraron su "indignación" por los "desprecios tras desprecios" que reciben por parte de la Xunta. Una funcionaria insistía en la pérdida económica que "sufren" desde la época del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Recortes del 5%, de pagas extras... y ahora el CAT. Y se expuso otra cuestión. "Los de Justicia somos un cuerpo nacional; nada tenemos que ver con el resto del funcionariado gallego", decían. Afirman que a la Xunta solo les cuestan "300 euros", parte de ese complemento. "El resto de partidas parten del ministerio", afirmaba un representante sindical. Fuentes del Gobierno autonómica señalaban, mientras, que la nómina de los funcionarios judiciales sale "el 100%" de los presupuestos de la Xunta.
Y como otras veces, reiteraron que quieren al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y al vicepresidente Alfonso Rueda de "interlocutores" en las negociaciones. Rechazan al director xeral de Función Pública, José María Barreiro. "Lo que nos contesta es que si no estamos conformes que nos vayamos a otra comunidad; y eso nos lo dice una persona que gana casi 60.000 euros sin contar dietas", afirmaba Yolanda Rodríguez. Por ahora, los funcionarios aguantan el pulso.
