Los conductores que usan las principales carreteras de acceso a Vigo necesitan combustible, un coche en buenas condiciones, el carné que le permite sentarse al volante... y una generosa dosis de paciencia para circular entre señales de velocidad limitada por obra y radares. A pesar de que la comarca de Vigo es, de largo, la más poblada de Galicia -supera en 19.600 vecinos a la herculina, la segunda más populosa- y de ser un polo industrial que genera un intenso tráfico pesado hacia el norte de la comunidad, el resto de España, Portugal y los polígonos de Porriño y Mos, la ciudad tiene "estranguladas" sus principales arterías de entrada y salida para el tráfico rodado.
Los dos grandes viales de acceso a Vigo, la autovía A-55 y la autopista AP-9, están inmersas en obras que restringen la circulación. Hace varios meses, cuando estaban en marcha los trabajos de ampliación en el puente de Rande, los transportistas ya alertaban del daño que ese "estrangulamiento" infligía a su competitividad. Aunque ahora la situación es algo distinta -los carriles exteriores del viaducto están abiertos-, el problema sigue sobre la mesa.
Solo por Rande circulan -según el mapa que elaboró Fomento en 2016- una media de 56.313 vehículos diarios. En la A-55 el dato es también alto: entre Porriño y Vigo asciende a 63.029, de los que más del 6% son transporte pesado. A la altura del seminario de Avenida de Madrid el dato baja ligeramente hasta 39.193. Entre ambos viales suman más de 100.000 diarios.
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Aunque Fomento ya inauguró las nuevas "alas" laterales del viaducto, acaba de iniciar trabajos en la estructura central del puente que durarán varios meses y han obligado a realizar desvíos de tráfico. En la A-55 la situación es idéntica a la que padecían los camiones hace meses: las obras para la reforma de la autovía siguen sin avances perceptibles y aunque desde el ministerio de Íñigo de la Serna se insiste en que el proyecto está en marcha, sobre el asfalto no se aprecia ningún trabajo desde hace meses. Sí permanecen, sin embargo, las señales temporales que advierten de que durante parte del trayecto hasta Mos la velocidad está restringida a 60 kilómetros por hora.
En la A-55 las obras arrancaron en octubre de 2015 con un acto celebrado en Mos por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. El presupuesto del proyecto asciende a 5,89 millones de euros y el plazo de ejecución que se comprometió en un inicio era de 19 meses, período que se cumplió en junio de 2017.
Antes incluso de que se alcanzase esa fecha, sin embargo, Fomento anunció que la finalización de las obras se retrasaría más de 12 meses, hasta septiembre de 2018. La reforma busca mejorar la seguridad en la A-55 con carriles de cambio de velocidad para evitar colisiones, nuevos viales de servicio o la remodelación de los accesos a la altura del Meixoeiro.
En la entrada y salida a Vigo, cerca del parque comercial Meixoeiro, puede verse parte del trabajo que se realizó al inicio del proyecto. A pesar de esos primeros avances, las labores se "congelaron" y llevan meses sin ningún cambio apreciable. No hay operarios. Ni maquinaria. Sí se mantienen las señales de obra que limitan la velocidad de circulación a 60 kilómetros por hora. Desde Fomento se insiste en que la reforma de la autovía entre Vigo y Porriño sigue en marcha y no se frenó en ningún momento.
"En el transcurso de las obras se han detectado servicios no contemplados antes y que es necesario reponer, fundamentalmente referentes a canalizaciones de saneamiento y drenajes", apuntaba el ministerio a finales de noviembre. Insistía también en que el objetivo es "minimizar afecciones" y que no todo el trabajo que realizan es visible.
A poco más de medio año de que expire el segundo plazo comprometido por Fomento, las únicas dos medidas aplicadas para atajar el elevado índice de siniestralidad que soporta la A-55 son la instalación de señales que reducen la circulación a 60 km/h -la velocidad mínima permitida en la mayoría de autovías del país- y radares dispersos entre Vigo y Porriño.
Mientras tanto, los últimos indicadores de la accidentalidad en la A-55 muestran que el problema está lejos de resolverse. Un informe divulgado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a finales del año pasado deja dos lecturas preocupantes: la primera, que a su paso por Mos -punto kilométrico 12- soporta el "punto negro" con más accidentes y heridos; la segunda, que su Índice de Peligrosidad Medio (IPM) había repuntado con respecto al anterior balance.
Si en los accesos de la A-55 se aplican restricciones al tráfico por unas obras "invisibles", la situación en la AP-9 también es peculiar. El pasado 30 de diciembre Fomento inauguró los nuevos carriles de Rande con un acto encabezado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La finalización de esos viales antes de 2018 era necesaria para empezar a aplicar ya este año la subida de peajes del 1% -acumulativa durante dos décadas- con la que se compensará a Audasa por la ampliación del puente y los accesos de Santiago. A pesar de esa inauguración, sin embargo, los operarios nunca llegaron a abandonar el viaducto. Hace varias semanas se les podía ver realizando trabajos en los nuevos tirantes.
Menos de mes y medio después del acto oficial en Rande, Fomento anunciaba el lunes el inicio de nuevas labores, en esta ocasión centradas en los carriles centrales. A lo largo de los próximos meses se renovará el firme, repintará el tablero, sustituirán las juntas de dilatación e impermeabilizará la estructura original. Los trabajos podrían durar hasta el verano.
Las obras obligan además a realizar desvíos en el puente que obligan al tráfico con el resto de la AP-9 a concentrarse en un solo carril del puente. Se mantienen las nuevas "alas" para prestar servicio a los viajes con O Morrazo. Los desvíos arrancaron el lunes por la noche y ya han dejado varios embotellamientos. A pesar de esa circunstancia, el Gobierno central mantiene su intención de aplicar "en meses" la subida del 1%, que se sumará a otra extraordinaria del 0,9% en compensación por algunas bonificaciones en los trayectos de la AP-9 y la ordinaria del 1,9% que ya se aplicó en enero para actualizar los cánones en base al IPC.
El presidente de la asociación provincial de transportistas (Asetranspo), Ramón Alonso, lamenta que se perjudique al colectivo "por todos lados" y que se encarezca el uso de la AP-9 cuando aún no se puede disfrutar de una mejora del servicio. Advierte de que para las empresas las restricciones suponen hasta un viaje menos diario.
