El conflicto entre Xunta y funcionarios judiciales no tiene aún fecha final. Una de las reivindicaciones es la que especialmente provoca el bloqueo en las negociaciones. Se trata del complemente autonómico transitorio. Lo que demandan los sindicatos es una subida gradual a realizar durante tres años que, al final, se concretaría en un aumento salarial para cada funcionario de 225 euros al mes. Lo que ofrece el Gobierno autonómico dista mucho de lo que se solicita. El incremento, a hacer en dos años desde 2019, desembocaría en una subida de sueldo de 90 euros para los funcionarios con labor de gestores, de 76 para los tramitadores y de 68 para los auxilios.
La diferencia entre lo que exigen los trabajadores y lo que plantea la Xunta es de entre 135 y 157 euros al mes, en función del cuerpo de funcionarios del que se trate. La cuestión no es baladí. El vicepresidente Alfonso Rueda reiteró ayer que se "mantienen" en su última oferta. La misma que es tachada de "ridícula" por los sindicatos. "No vamos a parar, seguimos", avisan.
