Son conscientes de que la Consellería de Educación no está obligada a consultar o recoger las alegaciones de ningún colectivo para poder sacar adelante una nueva zonificación escolar para la ciudad, pero consideran que sería bueno que contara con la aprobación de la comunidad educativa. Ayer, diecinueve colectivos se concentraron ante la Delegación de la Xunta en Vigo para denunciar que no es así. "Existe consenso, pero es en contra de la propuesta [presentada por la Administración autonómica]", sostienen. Convocan una movilización, el próximo viernes por la tarde, en la farola de Urzáiz.

Suscribieron este rechazo la Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo (Adicopuvi) -en apoyo a los perjudicados por el nuevo mapa-; la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (Foanpas); la Comunidad Educativa IES de Teis; cinco asociaciones vecinales -principalmente, de Teis y Navia-; los partidos en la oposición -PSOE, Marea de Vigo y BNG-; y casi una decena de sindicatos.

Tras la concentración, entregaron por registro sus alegaciones al segundo borrador de la propuesta. Reclaman que se pare su tramitación y que la elaboración del nuevo mapa escolar vuelva a su punto de partida. Dada la importancia de la cuestión, demandan que se diseñe a través de un procedimiento "reflexivo, transparente y consensuado". Reprochan que el actual no es así. "No se puede disfrazar de participativo un proceso que no lo es", censura la coordinadora de esta materia en Foanpas, Gini Ibáñez. Ponen como ejemplo la reunión que la federación mantuvo el jueves con Educación: "Era para decirnos que su propuesta era más razonable, más justa y que no discriminaba, pero no tenían intención de modificarla, no quisieron escuchar nuestras alternativas".

Basan su rechazo "conjunto y unánime" en tres puntos. En primer lugar, sostienen que la propuesta de Educación no está fundamentada, ya que no incluye un análisis de la situación actual, una exposición de motivos ni los criterios aplicados o razones en las que sustenta las decisiones. Sostienen también que la delimitación de zonas escolares y de servicios no garantiza el acceso a plazas públicas en igualdad de condiciones. Lamentan que la propuesta no aborda "defectos sistémicos y estructurales que hacen peligrar la supervivencia de proyectos educativos en algunos" centros públicos a corto y medio plazo. Entienden que también "favorecen desequilibrios en la ratios de alumnado en el aula" entre colegios.

Por último, familias, directores y vecinos consideran que "no se aplica un criterio de igualdad entre la enseñanza pública y privada en relación a la oferta y adscripción a centros de Secundaria". Defienden que los estudiantes de ESO deben tener prioridad sobre los de Secundaria en cuanto a la proximidad de sus aulas al domicilio. Se refieren, por ejemplo, al caso de los alumnos del colegio de Infantil y Primaria de Navia se adscriben al para cursar la ESO al instituto de Valadares, a 10 kilómetros de su barrio, cuando tienen el Alexandre Bóveda a un cuarto de hora a pie. El problema es que en el centro de la ciudad hay escasez de plazas públicas, las familias se ven abocados a recurrir a los concertados y en Bachillerato -cuando estos centros ya no están subvencionados- hay que facilitarles plazas públicas, que Educación asigna en Santo Tomé, Santa Irene, O Castro y Politécnico. Foanpas coincide en que se les debe facilitar una matrícula pública, pero "de ninguna manera puede suponer una limitación de plazas públicas próximas en etapas anterior, de enseñanza obligatoria" con niños cuatro años más jóvenes.