La amenaza de huelga se cierne sobre los puertos de titularidad estatal como el de Vigo. Los estibadores avisaron ayer que ya barajan movilizarse ante el "injustificado" retraso por parte del Gobierno del segundo Real Decreto, el que deberá desarrollar la reforma del sector que liberalizó el aprobado en mayo de 2017, y que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió a tramitar por la vía de urgencia.
Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM), principal sindicato del gremio, ha remitido sendas cartas a De la Serna, y a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, trasladando su preocupación por la dilación del citado texto legal y la "inestabilidad" que genera. Recuerda que de la aprobación del Real Decreto depende la articulación de las ayudas que el Ejecutivo se comprometió a dar para las prejubilaciones o la conversión de las actuales sociedades de gestión de estibadores (Sagep) en Centros Portuarios de Empleo, las nuevas ETTs que prevé la reforma.
Además, los estibadores y la patronal Anesco están pendiente del desarrollo de la reforma para cerrar el nuevo convenio colectivo a partir del principio de acuerdo alcanzado a finales de junio de 2017, el que puso fin a la conflictividad en los puertos que suscitó la reforma del sector que impulsó el Gobierno. Sin embargo, este acuerdo está actualmente pendiente del expediente sancionador que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió el pasado noviembre al considerar que puede restringir la competencia.
Incluye la subrogación
En algunos puertos no esperarán más por el decreto. En Barcelona, uno de los tres mayores del país, se ha convertido en el primero que logra un nuevo convenio de estiba tras la aprobación de la reforma. El sindicato asegura que el convenio recoge dos principales puntos acordados entre patronal y trabajadores en junio de 2017, y actualmente investiga el "superregulador", el de subrogación de trabajadores y el compromiso de mejora de productividad en los puertos.
