Los fraudes en internet están a la orden del día. Una de las modalidades de estafa que ha dado lugar a diversas operaciones policiales en los últimos años es la de los falsos anuncios de pisos turísticos. Y un presunto miembro de una organización desarticulada por la Policía Nacional de Tarragona protagonizó ayer un juicio en Vigo. El acusado, vecino de esa provincia catalana, no acudió y, a través de su abogado, hizo llegar a la juez una carta en la que justificó este hecho "por carecer de medios económicos" para viajar hasta la urbe olívica. La vista, sin embargo, se celebró pese a su incomparecencia. Aunque la red cometió fraudes por toda España, en el Juzgado de lo Penal número 3 se juzgó únicamente el sufrido por un vecino de Vigo que abonó 450 euros por el arrendamiento de una casa durante cuatro días en Barcelona: se quedó sin el dinero y sin poder disfrutar de la vivienda. La Fiscalía pide que el acusado, Juan M.S., sea condenado a un año y 9 meses de cárcel.

El anuncio salió publicado en la página web www.vibbo.es. Se trataba de un apartamento en el centro de Barcelona y el coste, entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2016, era de 450 euros. "Contacté con la persona, me facilitó un número de cuenta, intercambiamos los teléfonos y a través de WhatsApp le envié el justificante del ingreso del dinero en el banco; y a partir de ahí dejó de contestarme y no volví a saber nada más de él", contó ayer la víctima. Tras presentar denuncia, la Policía Nacional de Vigo comenzó a investigar y descubrió que el titular de la cuenta bancaria era un vecino de Tarragona y, el del teléfono, un ciudadano rumano que no pudo ser localizado.

Un inspector vigués contó que se pusieron en contacto con la comisaría de Tarragona y allí les trasladaron que ya estaban tras la pista de la organización, ya que había cometido más estafas idénticas en otros puntos de España. Los cabecillas de la red, explicó, contactaban a su vez con otras personas - "mulas"- para que éstas abriesen las cuentas para recibir el dinero. A cambio, percibirían una comisión de un 10% de la cantidad defraudada.

El abogado defensor del acusado, que alegó que el juzgado olívico no es competente para juzgar este asunto, señaló que su cliente creía que, al facilitar su cuenta en lo que aparentaba ser "un contrato de trabajo", participaba en una "actividad lícita".