La Xunta ha trasladado el escándalo de la sobreventa de billetes a Cíes a la Fiscalía. La asesoría jurídica del Gobierno gallego, con datos recabados por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) y los propios agentes forestales del parque, ha elaborado un informe en el que se refleja esa sobreventa por parte de cuatro navieras valiéndose de pasajes con códigos QR falsos o ilegibles y anulaciones de viajes ficticias. En base a las pruebas recabadas, el Ejecutivo autonómico considera que las actuaciones de estas cuatro empresas de transporte marítimo podrían ser constitutivas de infracción penal por "estafa a los ciudadanos afectados" y por "falsificación de documentos oficiales y mercantiles". Solo en los días 3, 5 y 19 de agosto, estas navieras excedieron el cupo permitido de visitantes a las Cíes en 8.077 personas.

El documento remitido a Fiscalía, al que ha tenido acceso FARO, evidencia lo que ya era un secreto a voces en el entorno portuario dado el intenso tráfico de barcos a Cíes este verano: que no se ha respetado el cupo máximo autorizado de visitantes al archipiélago de 2.000 personas por día. Es más, en las tres jornadas de agosto a las que hace referencia el informe, no solo no se respetó, sino que se duplicó con creces. La Xunta, que ya avanzó esta semana que habría sanciones "ejemplarizantes" por lo acaecido este pasado agosto -un escándalo que dio la vuelta a España dañando la imagen de uno de los mayores tesoros naturales y paisajísticos del sur de Galicia y aspirante a Patrimonio de la Humanidad-, apunta directamente a cuatro empresas: Mar de Ons, Nabia, Cruceros Rías Baixas y Tour Rías Baixas.

Los recuentos efectuados a pie de muelle no dejan lugar a dudas. Por poner un ejemplo, el sábado 19 de agosto, un día antes de que se prohibiese acceder a la isla a más de 2.000 personas con el billete comprado, se había detectado un exceso de 2.280 pasajeros en los barcos de Mar de Ons, de 382 en los de Nabia, de 235 en Cruceros Rías Baixas y de 158 en Tour Rías Baixas. En total, 3.055 visitantes de más en un archipiélago de especial protección. La propia Dirección Xeral de Patrimonio Natural reconoce que lo ocurrido esa jornada puso en peligro los hábitats y especies y "la propia seguridad de los visitantes ya que, en caso de declararse una situación de emergencia de cualquier tipo, la capacidad de evacuación estaría gravemente comprometida por estar planificada para la carga normal que puede tener la isla", calculada sobre la base del cupo máximo de visitantes establecido (2.000 personas por día).

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¿Cómo burlaban supuestamente las compañías los controles? El informe entregado al fiscal revela una picaresca que combina la emisión de billetes con los códigos QR falsos o ilegibles con la anulación ficticia de reservas. La introducción de códigos QR (siglas en inglés de respuesta rápida, Quick Response) en los pasajes comenzó a ensayarse en la pasada Semana Santa precisamente para garantizar un mayor control en el acceso de visitantes a las islas. Lo que ha ocurrido, según el documento elaborado por la Xunta, es que las navieras emitieron billetes "con códigos QR falsos" o "ilegibles" para "burlar el control por parte de los agentes en la isla". Esta maniobra venía precedida de supuestas anulaciones de billetes por Internet que, sospecha la Xunta, no eran reales.

La asesoría jurídica del Gobierno gallego se apoya en este caso en un certificado emitido por AMTEGA que garantiza que la base de datos de reserva del parque nacional "en ningún caso" aceptó más autorizaciones de visitantes que las "permitidas legalmente". La trampa, cree la Xunta, está en las anulaciones de reservas. Un ejemplo, en los tres principales meses de verano (junio, julio y agosto) se autorizaron 167.277 reservas para visitar Cíes, pero se cancelaron 82.257, casi la mitad. "Resulta obvio que existen indicios de irregularidades en la actuación de las navieras (...) dado el elevadísimo número de anulaciones que realizan en los meses indicados", apunta el informe.

La Xunta considera que la gran mayoría de esas anulaciones son falsas: "La finalidad de las anulaciones podría ser simplemente la de burlar el sistema de control público de acceso a las islas, al manipular fraudulentamente el sistema público, simulando anulaciones de reservas con la única finalidad de lograr que se otorgasen nuevas reservas por el sistema para obtener un lucro a costa del desbordamiento del cupo máximo de visitantes, los valores ambientales de la isla, la seguridad del tráfico jurídico y los intereses de los usuarios defraudados", afirma.