Casi seis años después de la aplicación del Real Decreto-ley 20/2011 para la corrección del déficit público, la primera ciudad de Galicia se muestra incapaz de recuperar las cifras de empleo público alcanzadas antes de que entrara en vigor la limitación de las contrataciones en la administración. Vigo perdió en el último año otro millar de asalariados de algún organismo público y redujo al 13,7% su representatividad sobre el volumen total de ocupados del municipio. Es la ratio más baja lograda en los últimos años y acrecienta aún más las enormes diferencias entre la urbe olívica y el resto de áreas urbanas de Galicia. La única que puede compararse es A Coruña, que la supera en cinco puntos y tiene a un 18,6% de sus asalariados trabajando para el Concello, la Diputación, la Xunta o la Administración General del Estado. A pesar de las restricciones, el resto de ciudades se escapan hasta el 25%, en el caso de Ourense, y llegan hasta el 34% en Ferrol. En Pontevedra, ahora mismo un 28,8% de los trabajadores dependen de un organismo oficial.

El Instituto Galego de Estadística (IGE) contabilizó al cierre del segundo trimestre del año un total de 16.200 asalariados del sector público en la ciudad frente a los 17.200 de junio de 2016. Con respecto a los máximos marcados a mitad de 2011, el último dato refleja la pérdida en el municipio de 5.500 activos entre funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y eventuales. La caída ha sido brutal en estos últimos seis años, un periodo en el que las cifras apenas se han movido en ciudades como Ourense, que apenas han visto retroceder su cupo de trabajadores públicos en 700 personas.

Pontevedra es la ciudad que demuestra una mayor estabilidad manteniendo de forma invariable 9.800 asalariados entre todas las administraciones mientras que Santiago se desmarca del resto de ciudades y no solo mejora sus cifras, sino que lo hace de forma holgada al sumar en la actualidad 16.400 trabajadores públicos frente a los 12.800 de hace seis años. Gana 3.600 empleados. La capital de Galicia se muestra ajena a los recortes que sufren el resto de ciudades gallegas favorecida por la elevada concentración de organismos administrativos y judiciales y sedes del Gobierno central.

De este gran salto que experimenta Santiago desde 2011, al último año corresponde una subida de 400 personas, la misma que en Pontevedra. En Ferrol sumaron cien ocupados del sector público, mientras que en Lugo se perdieron 900 efectivos y en A Coruña, con un comportamiento similar al de Vigo, el retroceso fue de 800 trabajadores públicos en el último ejercicio. En los últimos seis años la urbe herculina también sufrió un importante recorte de plantilla en las administraciones con una bajada de 3.300 personas frente a las 5.500 de Vigo.

El mejor dato para la ciudad olívica es que los resultados de la EPA recogidos por el IGE reflejan un incremento en el último año del 4,2% en el número total de ocupados y teniendo en cuenta que las contrataciones públicas retroceden, la mejora de 114.100 trabajadores registrados en junio de 2016 a los 118.900 actuales procede del sector privado. Aumenta el número de asalariados y trabajadores independientes y, sobre todo, el de contratados a sueldo por un tercero. A Coruña y Santiago son las urbes que se suman a Vigo con una mejora de las cifras de empleo en este último ejercicio, bajando en el caso de Pontevedra.