El próximo destino de la concesión que deja libre Repsol en Guixar tiene condiciones. La Autoridad Portuaria reserva la parcela de 4.000 m2 para ampliar la terminal de carga del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), pero supedita este nuevo uso a un cambio sustancial en el funcionamiento del despacho de contenedores, ahora blanco de las críticas empresariales por las trabas de la plantilla de funcionarios, y origen del constante desvío de mercancías a Leixões (Portugal).
Solo separada del recinto aduanero por un callejón, la parcela de Repsol representa una oportunidad, única, de aumentar la superficie del recinto aduanero. La última ampliación, en 2009, elevó hasta 8 las bocas de inspección e incrementó en más de 1.000 m2 el ámbito para oficinas, laboratorios y salas de inspección hasta sumar 2.308 m2. Pero esta actuación aprovechó al máximo la poca superficie que quedaba libre dejando las instalaciones aduaneras constreñidas por un entorno de concesiones consolidadas y delimitado en la trasera del edificio por el vial de acceso al puerto por Guixar. Por esta razón, el solar que abandona ahora la petrolera -retenía la concesión desde 1958- serviría como extensión natural de los dominios del PIF. Una actuación que sobre todo agradecerían los transportistas, los que más problemas sufren por el emplazamiento arrinconado del puesto inspector. "No hay donde aparcar. Aquello es una ratonera", critica un camionero.
Habida cuenta del enfrentamiento que desde hace un año mantiene el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, con los responsables del PIF, y en particular con los de Sanidad Exterior, toda inversión en el PIF parecía descartada. Y aunque de momento lo sigue estando, el dirigente portuario ha pasado del no rotundo a un "puede" condicionado a que acaben los trabas en la inspección de mercancías.
Claro que los cambios en la actividad del puesto tendrían que ser lo suficientemente relevantes para que la Autoridad Portuaria pusiera en marcha la anexión de los 4.000 m2 que Repsol está a punto de entregar en su estado lóbrego original tras varios meses de trabajo que conllevaron la demolición de dos grandes silos, entre otras edificaciones.
Para el dirigente portuario, la retención o rechazo de mercancías por parte de los inspectores con argumentos fútiles como la inconsistencia de la tinta de la documentación han hecho mucho daño al Puerto de Vigo. Como prueba cita el desvío desde octubre de 2016 a la terminal lusa de 150.000 toneladas de pesca congelada con destino a empresas viguesas, un impacto que López Veiga considera igual de grave que el descenso de contenedores producido por la marcha del Maersk a Marín.
Así que para realizar nuevas obras en el puesto aduanero "antes tiene que cambiar mucho la actitud", avisa López Veiga, aunque confiado en que las mejoras se produzcan con las acciones al más alto nivel que está llevando cabo, como el triple requerimiento a la Comisión Europea. "Además al puerto todavía le faltan por pagar dos millones del crédito que pidió en su día para la última ampliación", recalca. Mientras tanto, la superficie de Repsol quedaría como un uso temporal como depósito de mercancía general.
