Con cierta frecuencia los juzgados de lo Penal de Vigo celebran juicios como el de ayer, contra inquilinos acusados de causar daños e incluso robar enseres de la vivienda en la que residían en régimen de alquiler. Uno de los casos más llamativos de los últimos meses, junto al que se acaba de juzgar, fue el de un hombre, ya condenado, que convirtió un piso en un prostíbulo y que lo destrozó después debido a la inminencia del desahucio.

Pero al margen de estos procesos penales que surgen cuando se producen delitos de daños o de hurto, es en los juzgados de Primera Instancia donde la problemática de la morosidad en los pisos o locales comerciales de alquiler forma parte de la actividad diaria. Y es que los tribunales civiles de la ciudad registraron durante el primer semestre de este año un total de 315 demandas presentadas por propietarios de inmuebles contra sus inquilinos por el impago de las preceptivas rentas mensuales. Una media de 52 casos cada mes.

Salvo excepciones, la mayoría de estos procesos suelen derivar en los lanzamientos -término jurídico con el que se denomina a los desahucios-. En todo caso, los jueces ya comunicaron a los servicios sociales del Concello en alguna ocasión casos de familias afectadas por desalojos al apreciar una situación de riesgo por falta de recursos económicos.