La Iniciativa Galega pola Memoria (IGM), que agrupa a distintos colectivos de Galicia, ha iniciado una recogida de firmas para reivindicar que la Illa de San Simón, en Redondela, reciba "un tratamiento acorde con su pasado como cárcel", y no sea utilizada como "un parque de atracciones".

Bajo el nombre San Simón, illa da memoria, la campaña, que cuenta con el apoyo de parlamentarios como Luis Bará (BNG) y Ángeles Cuña (En Marea), y de escritores como Xosé María Álvarez Cáccamo y César Calvar, busca "luchar contra el humillante trato que la Administración autonómica da a las víctimas del terror franquista".

Así, el colectivo ha censurado que se haya convertido "este lugar de represión y memoria en un parque de atracciones, con gincanas y excursiones en las que los participantes no reciben explicación ninguna de lo que fue esta isla en el tiempo del terror".

Tal y como ha recordado, durante el franquismo, la Illa de San Simón acogió un campo de concentración en el que estuvieron retenidas más de 6.000 personas entre 1936 y 1943, por lo que ha avisado de que denunciará "cada acto contrario a la memoria que la Xunta ponga en marcha".

Ley de memoria histórica de Galicia

Los diputados Luís Bará y Xosé Luis Rivas se han reunido con colectivos e investigadores para avanzar en el texto de una proposición de ley de memoria histórica de Galicia, que pretende presentar para su debate en el Parlamento gallego después del verano.

Entre otras cuestiones, esta iniciativa --para la que tienen abierto un periodo de consultas de modo que se presenten aportaciones-- pedirá la anulación de juicios y condenas dictadas por tribunales "ilegítimos" en los años 1936 y 1937. Además, solicitará investigación y exhumación de víctimas, la eliminación de simbología franquista y un mapa de lugares "de la memoria".

En este mapa deberán figurar, al menos, la Illa de San Simón como "isla de la memoria" en la que se desarrollen actividades de divulgación y el Pazo de Meirás, para el que los nacionalistas plantean un "estudio" sobre su eventual devolución al erario, así como de otros "bienes expoliados".