El informe que el fiscal de Delitos Económicos de Vigo ha remitido al Juzgado de Instrucción 7 solicitando el archivo de las diligencias contra todos los políticos investigados en la Operación Patos a excepción de Rafael Louzán ha sido acogido con satisfacción por los abogados de los seis exonerados y con "mucha sorpresa" por parte del expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual responsable de la Federación Gallega de Fútbol. Louzán es el único político que permanece en la lista de los 13 investigados -frente a los 36 iniciales- en cuya gestión el fiscal advierte indicios de delito. Reacio a pronunciarse hasta que la juez instructora dicte su auto, el exdirigente popular se muestra "absolutamente tranquilo" por entender que aportó todas las explicaciones y la documentación necesaria en su declaración judicial realizada de forma "voluntaria" el pasado mes de marzo tras haberse acogido a su derecho a no declarar en la citación de febrero de 2016 cuando estaban pendientes de resolución varias peticiones de nulidad por parte de los abogados.
El expresidente de la Diputación pide unos días para poder estudiar en detalle el informe del Ministerio Público antes de pronunciarse sobre el fondo del mismo. Los informes periciales apuntaban a presuntas irregularidades de gestión en al menos 14 adjudicaciones de obras, pero el informe del fiscal reduce la presencia de indicios delictivos a un solo proyecto, extremo en el que insiste el entorno del expresidente provincial del PP. Louzán se reconoce "muy sorprendido" por ser el único político al que apunta el fiscal pero asegura a FARO estar "absolutamente tranquilo por el trabajo realizado y las explicaciones ofrecidas en sede judicial".
Insiste en que quiere ser "respetuoso" con el trabajo de la justicia y que por ahora hay que ser cautos y esperar al auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo que, salvo sorpresa, no se notificará a las partes hasta el mes de septiembre. Lo que lamenta Louzán, coincidiendo con el resto de investigados, son los más de tres años de instrucción y el coste personal y familiar para los políticos y empresarios señalados por los informes de la UDEV. "¿Cómo se repara ese daño?", se pregunta ya apartado de la vida política y centrado en la Federación Gallega de Fútbol.
Este mismo lamento trasladaba ayer el abogado del que fuera vicepresidente de la Diputación de Pontevedra con Louzán y actual concejal del PP de Vigo, José Manuel Figueroa. Su letrado, Luis Orge, aboga por esperar al auto de la juez para realizar un pronunciamiento definitivo pero no puede ocultar la "gran satisfacción" de su cliente por el informe fiscal que solicita el sobreseimiento de la causa respecto a él y los demás políticos investigados: el alcalde de Vigo, Abel Caballero, los concejales Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas, y la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, que dimitió por este proceso.
El letrado de Figueroa lamenta los "más de dos años duros a nivel personal" que ha tenido que vivir el popular hasta verse exonerado. "Se acreditó documentalmente que Figueroa no participó en la adjudicación irregular de ninguna obra y nunca recibió regalos de Enrique Alonso Pais -presunto cerebro de la trama-". "La supuesta lista de personas que recibieron regalos tenía errores, también el del propio alcalde, que no llegó a recibir la pluma que inicialmente constaba", destaca este letrado, que lamenta la "exposición" y el daño a la "imagen pública" que han sufrido los políticos investigados en la Operación Patos desde que se iniciaron los registros en febrero de 2014.
También con prudencia pero "satisfecho" recibió el informe del fiscal el letrado de María José Bravo Bosch. Modesto Barcia, se muestra "contento por el sobreseimiento" y lamenta también los años de incertidumbre que ha tenido que vivir la exdelegada autonómica, que dejó su cargo en la Delegación de la Xunta por esta investigación. "Estamos muy satisfechos de que se reconozca que nuestra representada no tuvo la más mínima actividad delictiva. Ahora toca esperar el auto de la juez, pero estamos absolutamente tranquilos", destacaba.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, evitó ayer pronunciarse tras la petición del fiscal de exonerarlo a él y a tres ediles de su gobierno. "Nada que decir", respondió a preguntas de los periodistas durante una visita a un campamento en Samil. La única miembro del gobierno socialista que se pronunció fue la responsable de Benestar, Isaura Abelairas, para insistir en que siempre ha estado "súper tranquila". "La justicia se ha hecho esperar pero ya empieza a hablar. Recibí el informe del fiscal con satisfacción. Desde el primer momento he estado tranquila porque mi actuación ha sido ajustada a la ley", valoró brevemente a la espera de la decisión de la juez a la que todos los investigados se remiten.
Desde el PP de Vigo, su portavoz, Elena Muñoz, que ve cómo el fiscal exonera a su edil José Manuel Figueroa, mantiene su discurso de "máximo respeto a la actuación judicial y a todos los pasos que se están dando con independencia de la decisión final que adopte la juez".
También se pronunció ayer la Plataforma Ciudadana Xuntos, una de las dos acusaciones populares junto a Marea. Su portavoz aplaude que el fiscal pida mantener la investigación sobre Rafael Louzán pero muestra su "consternación" por entender que el resto de políticos "se van a escapar de responsabilidades penales".
