Arranca en Vigo el juicio por la venta fraudulenta de GEA, 21 años después de que se iniciara el proceso y tras el enésimo aplazamiento de la vista. Los abogados de la defensa han solicitado el archivo de la causa, argumentando la prescripción de los delitos tras pasar más de 5 años desde el inicio del procedimiento. Solicitud que no ha sido aceptada por la magistrada.
El ministerio fiscal, por su parte, ha dado por prescrito su escrito de acusación pero no así el de la acusación particular, que pide para los 4 acusados penas por estafa, alzamiento de bienes y apropiación indebida. Desde la acusación particular se subraya defendieron la vigencia de los delitos porque sin bien el proceso ha sido larg, "nunca ha estado paralizado en el tiempo". Y, en respuesta a la petición de las defensas de la desestimación al considerar que los denunciantes no son perjudicados directos, replicó: "Dicen que no saben quiénes son. Son estos señores, trabajadores de la empresa a los que ustedes conocen y son perjudicados porque se les adeudan salarios, cuotas a la seguridad social... y perdieron sus trabajadores poque se descapitalizó la empresa. Y por eso estamos aquí", remachó la abogada.
Los acusados desvían la responsabilidad hacia el Instituto Nacional de Industria (INI) por "no cumplir" los acuerdos para sanear la empresa tras la compra y hacia la Xunta de Manuel Fraga por no cumplir, dicen, con el aval que comprometió.
21 años después
El 10 de mayo de 1996 un grupo de extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) -los que integraban el grupo GOG al margen de los sindicatos y el comité de empresa- presentaban ante la Fiscalía. Un escrito que fue la antesala de la querella que en 1997 formalizó el Ministerio Público y que ahora, cuando ya transcurrieron más de 20 años desde entonces, llega por fin a juicio. Y es que salvó que se produzca el enésimo aplazamiento de esta vista, la Audiencia viguesa iniciará este lunes el proceso contra cinco antiguos propietarios y directivos del desaparecido grupo vigués, acusados de delito de alzamiento de bienes por vaciar presuntamente de patrimonio a este grupo dedicado a la fabricación de cerámica y vidrio, unas irregularidades que ya se remontan a los años 90 y que se produjeron de forma previa a que la empresa, que llegó a tener casi 6.000 trabajadores, entrase en suspensión de pagos y cerrase en 2001.
Los hechos para los que la Audiencia ha reservado cinco días de juicio se enmarcan en el inicio de los malos tiempos de la que fue una de las empresas más prosperas de Vigo. Y ocurrieron a raíz de que en 1991 el Instituto Nacional de Industria (INI) -que había adquirido el grupo en 1976- vendiese GEA a las sociedades Pickmari y Fábrica de Loza en la Cartuja de Sevilla, cuyas acciones eran propiedad de la empresa Estudesa. Una firma que encadenó una serie de acciones para supuestamente beneficiarse ilícitamente en perjuicio de los acreedores de GEA, entre los que estaban los empleados. Un crédito de 450 millones de las antiguas pesetas nunca llegó a abonarse. El grupo vigués acabó cerrando en 2001.
