El plan de urgencia impulsado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para agilizar las devoluciones por cláusulas suelo a través de la vía judicial encara su primera semana envuelto en más críticas que halagos. Si primero fueron los propios órganos civiles los que mostraron su rechazo a la especialización de un juzgado ya existente en detrimento de uno ex novo, ahora es el turno de los juristas. El Consejo General de la Abogacía Española acordó interponer un recurso en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el acuerdo que establece juzgado únicos por provincia para el trámite de los litigios de suelo hipotecario.
Los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España sostienen que este plan infringe el "ordenamiento jurídico" y comporta "graves problemas sociales". Rechazan también la decisión de que sea una única sala civil la que tenga competencia a nivel provincial, de modo que cualquier vecino que quiera presentar una demandan por abusos bancarios tendría que desplazarse hasta la ciudad que acoja este juzgado exclusivo.
El Colegio de Abogados de Vigo es uno de los que ha mostrado su disconformidad con esta medida del CGPJ en materia de suelo hipotecario, si bien aprueba que fuese la urbe olívica la escogida para asumir la especialización de un juzgado. "El hecho de que fuese Vigo la sede con ámbito provincial que asuma las cláusulas suelo nos satisface porque vence la antigua postura de la capital de provincia, pero sin embargo mostramos nuestro total rechazo a que no puedan presentarse estas reclamaciones en otros partidos judiciales", señala su decana Lourdes Carballo, quien argumenta que la actual medida "aleja al ciudadano de la justicia y dificulta su acceso a la tutela judicial efectiva. Esta centralización de los trámites no garantiza una mayor agilidad y eficacia en su resolución".
Desde el Colegio vigués se envió ayer este comunicado a los letrados colegiales para dar a conocer los próximos pasos en este ámbito de trabajo.
La decana de los abogados de la ciudad tampoco apoya la medida de la especialización de una sala ya existente- en este caso el Juzgado de Primera Instancia 14- si bien señala que debiera seguirse el mismo modelo empleado hace tres años con la puesta en marcha del juzgado de Preferentes. "Esta sala civil va a quedar colapsada", vaticina. "No hay suficientes funcionarios y no tiene letrado judicial propio, quien además recibe demandas de otra naturaleza. Creemos que la mejor solución sería apostar por el modelo de las preferentes, aunque había en Vigo y A Coruña una sala especializada en la materia, los afectados podían acudir a un juzgado civil de su ciudad a presentar la demanda si preferían", argumenta Carballo.
Vías de negociación
Aunque el Colegio vigués apoye la interposición de un recurso contra el plan del CGPJ, la decana admite que antes de llegar a esta solución se intentará la vía de la negociación. "Hay base legal para la interposición de este recurso, pero esto no excluye que se siga intentado la vía de la negociación con el Consejo para que la solución no llegue a través de una resolución judicial o sentencia", expresa la decana de los abogados de Vigo.
¿Y cuáles son estas bases jurídicas que permiten la interposición de un recurso? El Consejo General de la Abogacía Española considera, a través de un comunicado, que el acuerdo del 25 de mayo de 2017 del CGPJ quebranta "el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor". "La medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable", reza el comunicado de la Abogacía, tras la celebración de un Pleno extraordinario.
Destacan que, de forma "incomprensible", la medida se ha adoptado "sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, lo que provocarán graves disfunciones", vaticinan. Al igual que asociaciones de jueces, antiguos secretarios judiciales y funcionarios, reclaman "medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria".
Lourdes Carballo | Decana del Colegio de Abogados de Vigo
"La decisión del Poder Judicial dificulta el acceso del ciudadano a su tutela judicial"
