"Transcurridos cinco días desde que se aplicara la referida medida, el panorama es descorazonador". Así describe la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en un comunicado emitido esta semana, los primeros pasos de la puesta en marcha del plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se especializaron 54 juzgados en toda España para asumir los asuntos de cláusulas suelo y otros litigios bancarios. Al frente de la APM, asociación mayoritaria entre los jueces, está Manuel Almenar, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Esta magistrado valora, en declaraciones a FARO, que la implantación de la medida, aunque "bienintencionada", ha sido "precipitada". "Había que esperar a tener datos reales del impacto de la judicialización de estas reclamaciones; esperar a conocer la repercusión por territorios para poner los medios donde fuese necesario y los que fuesen necesarios", resume.
Lo ocurrido desde el 1 de junio es un ejemplo, sostiene esta asociación, "de la falta de planificación, coordinación y dotación de medios". Almenar concreta que la situación que se vive en Vigo, con una sala de refuerzo en la que aún no se empezaron a tramitar las demandas, demuestra la "improvisación" del plan. "La reunión de coordinación [entre CGPJ, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas] fue el 31 de mayo, el día antes de la entrada en vigor de la medida, sin dar margen a las comunidades a habilitar con tiempo las instalaciones, los medios, el nombramiento de funcionarios...", dice.
También es crítico con el hecho de que, como jueces de refuerzo, se haya designado a jueces en prácticas "que no han acabado su período de formación". "No es técnicamente correcto" , indica. Al respecto, señala que estos profesionales aún finalizan su formación el 30 de noviembre. Y explica que entre esa fecha y el día que les den destino sólo tendrían que quedarse en el refuerzo "si ellos quieren". "Y cuando tomen posesión esa medida cesa, ¿qué ocurrirá después?", se pregunta Almenar.
A su juicio, la medida más eficaz en lugares con impacto de demandas sería el modelo de preferentes, el que en Galicia funcionó en Vigo y A Coruña. "Un juzgado 'bis' independiente que se mantuviese el tiempo que fuese necesario", afirma. En aquella ocasión, pese a haber salas especializadas, no se obligaba como ahora a que todos los pleitos de una provincia se concentrasen en ellos. Un ciudadano podía también optar por el juzgado correspondiente a su municipio. "Aquella era lo adecuado; ahora, un vecino de Lalín con una demanda de cláusula suelo tiene obligatoriamente que ir al de Vigo", afirma.
Con respecto al refuerzo de la urbe olívica, al ritmo de casos que ya acumula -75 en solo cuatro días-, estima que ello justificaría la asignación de un letrado de la Administración de Justicia propio. "El ritmo actual hace prever que en un mes ya sumarán unas 300 demandas", augura.
