Fin al monopolio. El Congreso de los Diputados certificó ayer con la aprobación por mayoría del decreto de reforma de la estiba la defunción de un sistema que amparado por la Ley de Puertos impedía la libre competencia en el servicio de manipulación de mercancías en los muelles de titularidad estatal como los de Vigo. Por estas restricciones el Tribunal de Justicia Europeo condenó en diciembre de 2014 a España, obligada desde entonces a corregir la situación bajo amenaza de multas. De ahí que a las pocas horas de que el Gobierno lograse la convalidación de la nueva normativa en la Cámara Baja -por 174 votos a favor (de PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y UPN, entre otros), 8 abstenciones (PDeCAT) y 165 en contra (principalmente del PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís)-, Fomento anunciase el envío del acuerdo a la Comisión Europea con el objetivo de frenar esas cuantiosas sanciones que al demorarse tanto el cumplimiento de la sentencia europea superan los 24 millones.

Aun con estas prisas, el Gobierno solo tiene garantizada la suspensión de la segunda multa, la que estaba a punto de fallar el Tribunal de Justicia Europeo -del orden de unos 134.000 euros diarios- por desatender la primera impuesta en diciembre de 2014. "La Comisión Europea no ha dado esta vez garantía de que se puede salvar la primera multa", desveló el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en referencia a la de 27.000 euros diarios que a contar desde la citada fecha suman ahora esos 24,5 millones. De hecho, en Bruselas daban ayer por seguro que la primera multa no podrá evitarse. Con todo, sortear el pago de las dos "será ahora el principal empeño del Gobierno", enfatizó.

A diferencia de lo ocurrido el 16 de marzo, cuando el rechazo de los grupos derogó el primer intento de reforma del sector, el Gobierno acudió ayer al hemiciclo con los apoyos negociados previamente para evitar nuevas sorpresas. Pero incluso los partidos que como el PSOE o ERC votaron de nuevo en contra, reconocieron que el documento había sufrido mejoras relevantes respecto al anterior. A ellas se refirió en su intervención el ministro al incidir en que el decreto, en combinación con otro posterior que establecerá el desarrollo reglamentario del aprobado ayer, "pone las bases suficientes y adecuadas para alcanzar acuerdos y garantizar la estabilidad en los puertos". Así De la Sena, aunque dijo respetar el derecho de huelga que los sindicatos mantienen entre los días 24 mayo y 9 de junio, les reclamó "sensatez, mesura y sentido común".

Este segundo decreto -cuyo borrador ya lo tienen los sindicatos y las empresas- recoge "el producto final" de la propuesta formulada por el negociador designado por el Gobierno, el presidente del CES, Marcos Peña, tras las negociaciones celebradas en febrero y marzo con la mesa negociadora, integrada por los ministerios de Fomento y de Empleo, sindicatos y empresas. Este texto contempla, entre otras medidas, las dirigidas a garantizar el empleo del colectivo (6.150 estibadores en España, 110 en Vigo), mejorar la competitividad de los puertos y las ayudas públicas para la reconversión por importe de 120 millones de euros. "Toca ahora que se sienten a trabajar porque tienen estímulos para la negociación como nunca otra norma o sector ha tenido", subrayó De la Serna. Y entre ellos aludió a la posibilidad de negociar convenios colectivos en cada puerto que prevalecerán incluso sobre el de las propias empresas. Porque en caso de que los sindicatos opten por "lo contrario a la negociación", el ministro alertó sobre las consecuencias ya conocidas, como las cuantiosas pérdidas económicas por el desvío de buques a otros puertos europeos y africanos.