Para que un proyecto pueda optar a una convocatoria de financiación europea es condición indispensable que el investigador principal tenga contrato indefinido. Para concurrir a una nacional, el Ministerio de Economía le exige, al menos, que le queden tres años de contrato. Sin embargo, al igual que los del resto de institutos de investigación de la Xunta, la veintena de científicos de la Fundación Biomédica Galicia Sur encadenan durante toda su trayectoria contratos temporales. Además de complicarles la vida impidiéndoles cuestiones como solicitar una hipoteca, esto les ha hecho perder proyectos y les obliga a la "patética" solución de pedirle a médicos y profesores de universidad que figuren al frente de ellos con el fin de captar fondos. Facenda trabaja en un decreto que supone el primer intento de regularizar su situación laboral. Esperaban de él que resolviera esta situación, pero denuncian que la perpetúa y, en algunos casos, incluso la agrava.

El borrador del decreto, que ya ha pasado el periodo de alegaciones sin incorporar ninguna de las presentadas, afecta al personal investigador contratado por la Xunta y sus organismos dependientes, excepto las universidades y el CSIC. En Vigo, se concentran en el Cetmar y, sobre todo, en la sanidad, en el marco de la fundación biomédica, en la que participa el Sergas y la Universidad de Vigo. El texto limita la duración de sus contratos a un máximo de cinco años, con posibilidad de renovación tras superar una evaluación de la propia Axencia Galega de Innovación (Agaic), que temen que se rija por criterios presupuestarios. Dejan claro que no se oponen a la evaluación continua. De hecho, ya se someten a ella cada año.

El decreto recoge 3 tipos de contrato para investigadores -predoctoral, asociado y distinguido- pero deja fuera a todo el personal técnico de apoyo, imprescindible en la labor científica. "No valgo de nada si no tengo a gente trabajando conmigo", defiende un investigador senior, que exige que se contemplen estas figuras y se incorporen otras como, por ejemplo, enfermeras. "Cuando necesito una muestra de sangre, ahora le tengo que pedir el favor a una del hospital que la saque", critica.

De la veintena de investigadores y personal de apoyo de la Fundación Biomédica Galicia Sur, solo tres tienen contrato indefinido y lo han logrado este verano tras una denuncia en Inspección de Trabajo. Temen perderlo con el nuevo decreto. Uno de ellos es Carlos Spuch, que tiene postdoctorados en los institutos Cajal y Karolinska (Suecia), ha investigado en el 12 de Octubre y ha sido Parga Pondal hasta 2013. Entre otros muchos proyectos, trabaja en el desarrollo de kits de diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer o la depresión.

La profesional más veterana del equipo científico de la fundación llegó a Vigo gracias a una beca predoctoral del Instituto de Salud Carlos III hace ya 24 años. Desde entonces, ha encadenando contratos temporales y sigue sin estar indefinida, pese a que coordina proyectos nacionales e incluso la incluyeron en una convocatoria del Estado y la Xunta para la estabilización del personal investigador. en 2008. El nuevo decreto ni siquiera contempla su figura, de técnico. También está inestable el primer gallego con un contrato del programa nacional Ramón y Cajal en el área de la biomedicina en los últimos diez años, Roberto Agis Balboa. Cuando se le acabe esta beca, no sabe qué pasará con él.

Están convencidos del potencial del hospital para investigación. "No lo tiene casi ninguno de España porque hablamos de casi un millón de habitantes [en algunas patologías], por lo que les llegan casos de todo tipo". Piden un modelo que les permita aprovechar esto y llevar lo que se estudia en el laboratorio a la práctica clínica.

Junto al resto de científicos gallegos, se han puesto en pie de guerra para intentar frenar un decreto que "no contribuye a llevar a Galicia a una posición competitiva en la sociedad moderna que depende de la tecnología y el conocimiento". Sin embargo, al ser tan pocos, no confían en hacer demasiada presión si están solos. Ya han recabado el apoyo de numerosos colegios profesionales y asociaciones y esperan que la sociedad se sume a su reivindicación. "Quizás no sea demasiado tarde si se apuesta por la investigación con un compromiso sincero", confían.