24 de abril de 2017
24.04.2017

Marino Giménez niega en el juicio haber participado en el robo de droga a narcos: "Venían a por mí y punto"

El hermano del autoproclamado "príncipe de los gitanos" y un guardia civil, entre los siete acusados. El fiscal pide penas que suman 60 años y las defensas solicitan la absolución 

24.04.2017 | 11:39
Marino, el resto de acusados, hoy, en los juzgados de Vigo. // Alba Villar

Un operativo antidroga de la Policía Nacional asestó en 2014 en una gasolinera de Mos (Pontevedra) un golpe a un presunto grupo de narcos que planeaba robar un alijo de medio kilo de cocaína a dos arousanos. Al frente de esa organización cayó Marino Giménez, el más pequeño de los hijos del rey de los gitanos, hermano de Sinaí Giménez y miembro del clan de los Morones. Y con él, entre otros supuestos cooperadores, Enrique P.M., guardia civil destinado en el puesto mosense que a juicio de la Fiscalía jugaba una "función esencial" en la banda y en el plan puesto en marcha, ya que iba a ser el encargado de "simular" un control policial fraudulento que permitiría apoderarse del estupefaciente, valorado en 56.600 euros, sin pagar por el mismo. Tras la investigación judicial, este caso ha llegado hoy a juicio. Y el fiscal pide para los siete acusados penas que suman 60 años y medio de cárcel y 1,1 millones en multas.

La vista se celebra en la Audiencia viguesa. Marino afronta la mayor petición. Doce años de prisión y multa de 170.000 euros. Además del delito contra la salud pública y el de integración de grupo criminal que la Fiscalía le atribuye a él y a sus supuestos compinches, incluido el agente, Marino está acusado de tenencia ilícita de armas, ya que en el registro de su vivienda en Tomiño, además de un revólver de fogueo, apareció una pistola Taurus para la que carecía de licencia. El resto de supuestos miembros de su banda se enfrentan cada uno a 9 años y medio y 160.000 euros: son el guardia civil de 46 años de edad; Marcos G.B., de 36; Alfredo I.G., de 56; y Alfonso P.C., de 33. Junto a ellos van a juicio los arousanos a los que supuestamente iban a sustraer la droga: Modesto D.A., de 34, que es el único al que se atribuye reincidencia y para el que se piden 6 años y 160.000 euros; y Benito O.O., de 42, que afronta 4 años y medio e igual sanción.

En la vista, esta mañana, Marino Giménez, que sólo declaró a su abogado, negó que se dedicase al narcotráfico. Afirmó que su medio de vida eran las ferias ambulantes y la compraventa de vehículos "a pequeña escala", además de la cooperativa, añadiendo que la casa donde hicieron el registro era de un amigo y que él también vivía allí. Negó que el arma incautada fuese suya. Sobre el operativo policial dijo: "Venían a por mí y punto".

Más extenso fue el interrogatorio al guardia civil, que accedió a contestar a todas las partes, incluido el fiscal antidroga. También rechazó, como fue la tónica de todos los acusados, que se dedicase al tráfico de drogas. Admitió que era amigo de Marino y que mantenía conversaciones telefónicas con él. Sobre las múltiples llamadas entre ambos los días previos y la misma jornada del operativo policial, señaló que Giménez le había dado un "chivatazo", justificando así su presencia en Mos cuando fue la operación policial.

Las defensas piden la libre absolución. En sus escritos de defensa el abogado de Marino impugna las intervenciones telefónicas y con ello pide la nulidad de toda la causa al estimar que el auto que ordenó los pinchazos estuvo "insuficientemente motivado" y no existían suficientes indicios para adoptar la medida. El letrado del guardia civil, mientras, niega en el escrito su vinculación con el grupo y señala que el agente ese día dio el alto a un vehículo en el marco de su cometido profesional al tener sospechas de que en ese coche transportaban droga.

 La Fiscalía concreta que en enero de 2014 Marino, junto al agente así como Marcos, Alfredo y Alfonso, "formaban parte de un grupo de personas" que desarrollaron, refiere, "actividades tendentes a cometer un delito de tráfico de drogas con el fin de hacerse con una importante cantidad de cocaína, que destinarían al tráfico ilícito, repartiéndose entre ellos las ganancia económica que pretendían obtener". Marino, sostiene el Ministerio Público, "ocupaba una posición preponderante y jerárquicamente superior" en la red, mientras que el guardia civil, añade, "desempeñaba una función esencial" al proporcionar a la banda "su condición" de agente para cometer "las actividades ilícitas". 

El fiscal concreta que los imputados diseñaron "un plan" encaminado a sustraer una partida de cocaína a otros narcos. Y el grupo supuestamente planeó que Enrique P.M., aprovechándose de su "condición" de agente, simularía un control de la Guardia Civil que interceptaría en la carretera a los vendedores de la droga para así poder hacerse con el alijo de cocaína. 

El 15 de enero de 2014 fue el día señalado. Pero, tras alertar presuntamente el guardia civil de "dificultades" para desplegar el operativo policial fraudulento, se abortó hasta el día siguiente. Siempre según el escrito del fiscal, el día 16 Marino y Alfredo, en un Opel Astra, y Marcos y Alfonso, en un Audi A8, fueron a Poio. Allí era donde Marcos había quedado con los vendedores de la droga, Modesto y Benito, que iban en un Volkswagen Passat e ignoraban la intención de los compradores de asaltarlos y conseguir así gratis el alijo.

Fue Marcos también quien se subió en el coche de los aurosanos para acompañarlos hasta el punto del intercambio, por lo que viajaron por AP-9 y N-550 hasta la gasolinera. Allí ya esperaba el guardia civil: conforme al plan, el agente, en coche oficial y uniformado, dio el alto al coche de los traficantes "exhibiendo su arma reglamentaria" con el fin de "sustraer" la cocaína, dice el fiscal. Pero el asalto se frustró. La Policía Nacional, que iba tras los pasos de la banda, abortó el plan con un espectacular operativo y se incautó del alijo de 557 gramos de cocaína. Con el agente acusado estaba otro guardia civil, contra el que la causa se archivó al probarse que no estaba al tanto del ilícito plan en marcha.

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