23 de abril de 2017
23.04.2017

Los comuneros reclaman más de 8,5 millones por las expropiaciones

23.04.2017 | 04:15

La tasación de 4,5 millones de euros realizada por la Comunidad de Montes de Teis por la ocupación del Concello de parte de A Madroa, Vigozoo, un depósito de agua y los campos de fútbol de Candeán y San Paio es la última de una larga lista de reclamaciones hacia las administraciones que supera los 8,5 millones.

Las enormes diferencias en la valoración -las administraciones tasan a menos de 10 euros por metro cuadrado y las comunidades llegan a solicitar hasta 90 euros- abrieron largas batallas que se están cerrando en esta década, con resoluciones judiciales que dan la razón a los comuneros por lo que el desembolso por parte de las instituciones públicas supera los 20 millones de euros, entre lo ya pagado y lo pendiente, aunque los comuneros son reacios a concretar las cifras. Eso sí, los fallos emitidos por ahora establecen una tasación intermedia, de unos 15/17 euros por metro si se trata de suelo rústico y más elevada, hasta los 40 e incluso 70 euros, si es dotacional o urbano.

Entre las sentencias que faltan está la que espera para mayo Bembrive por las expropiaciones de la Universidad. En su caso, la sintonía con el Concello es "muy positiva", como remarcó el alcalde pedáneo, Roberto Ballesteros, que habla de 2,6 millones. "Nuestra intención es arreglar este asunto, tenemos muchas vías para hacerlo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con los plazos", precisó Ballesteros.

En prácticamente todos los casos se trata de cantidades muy elevadas pero, como recuerda el pedáneo, una gran parte es por los intereses. "En nuestro caso se suman 89.000 euros cada año", subraya. La mayoría de los procesos judiciales arrancaron en los noventa por lo que a veces la mitad del adeudo se corresponde con intereses.

Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Montes de Zamáns, que ha ingresado unos 6,4 millones por las ocupaciones y recientemente ha llegado a un acuerdo con el gobierno local para el pago de 1 millón de euros por las expropiaciones de la Universidad con el que se construirá un polideportivo. "Esa parte no la dicen, que nos deben dinero desde 1993 y por eso la mitad son intereses, si ofreciesen un precio razonable no tendríamos que acudir a abogados", precisa Manuel Alonso, de Zamáns, que admite tener la "espinita clavada" de la presa de Zamáns. "Fue en el franquismo y no había nada que hacer pero los vecinos de Zamáns no se benefician de esa dotación, habría que exigir un canon para la parroquia", subraya.

"No peleamos por el dinero, sino para que no se eche mano del monte comunal para construir. Nos oponemos a la explotación de lo público para ponerlo en manos privadas", aclaró el presidente de los comuneros de Matamá, Indalecio Bastos, cuya entidad lucha contra el parque industrial de Matamá-Valladares, la conocida como Ciudad del Frío, que prevé ocupar 1,5 millones de metros cuadrados.

Los comuneros de Beade, por su parte, dudan si acudir de nuevo a los tribunales por la expropiación de 28.300 metros cuadrados para el campus. "Nos lo tasaron a 9 euros y luego a 13 pero nuestro abogado podría pedir 80 tras la recalificación del suelo", explicó su presidente, José Rodríguez, que cifra en 95.000 euros la diferencia entre tasar el suelo a 9 euros o a 13 en un montante que supera los 400.000 euros.

Diferente es el caso de Valladares, cuyos comuneros perdieron terrenos por la construcción de la autopista a Baiona o el vial al campus. "Lo que se hizo con la indemnización fue el nuevo edificio del centro cultural y el túnel para el parque botánico. También recibimos parte en metálico", explicó su presidente, Gregorio Álvarez.

La construcción del vial a la Universidad también se llevó terreno de los comuneros de Castrelos que no cobraron nada porque en ese momento no tenían inscritas esas parcelas. Aunque iniciaron la reclamación finalmente desistieron al no poder hacer frente a los costes judiciales.

Los comuneros de San Miguel de Oia, por su parte, reciben una cuota anual desde Fomento por la instalación en sus terrenos de la estación remota de Salvamento Marítimo y también han ganado recientemente un juicio contra una familia que residía en una vivienda emplazada en terreno comunal.

Comesaña, mientras tanto, reinvirtió las indemnizaciones de las expropiaciones para la VG-20 (20.000 metros cuadrados) en adquirir terrenos por lo que en la actualidad tienen más superficie que antes. "La ley te exige reinvertir el dinero en cuatro años", aclaró su presidente, Carlos Alonso, que explica que Fomento les daba 16,72 euros por cada metro y a los particulares hasta 70 euros. "Era un escándalo. Te obligan a acudir a los tribunales y al final nos lo pagaron a 42", dijo.

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