El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer por unanimidad la resolución propuesta por su presidente de sancionar a la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) con 120.000 euros por persistir en el impago de las tasas que le reclama en concepto de ocupación de lámina de agua y la actividad del puente de Rande. Esta segunda multa duplica el importe de la anterior, de 60.000 euros, al considerarse la reincidencia como infracción "grave".
López Veiga parece ya convencido de que Audasa no tiene intención alguna de abonar tasas al puerto. En las alegaciones al segundo expediente sancionador abierto por el Puerto, la compañía se cree eximida de la obligación de abonar tasas por su concesión en base a la ley de autopistas de 1973, fecha que coincide con la construcción del puente. "Y en efecto la ley dice eso, pero hay más leyes", añadió López Veiga sin revelar más detalles de su estrategia. Se reserva para exponerla ante los tribunales dado que el conflicto se trasladará al ámbito judicial por el recurso que presentó Audasa a la primera multa, ya abonada, ante el Contencioso-Administrativo. Pero el presidente no se arredra. Tan seguro está de que lleva razón en su ofensiva contra la concesionaria que ya se propone abrirle un tercer expediente.
