Los dos antiguos socios de la desaparecida empresa Lalandi -que hasta su entrada en concurso de acreedores y posterior liquidación se dedicó a la importación y exportación de pescados y mariscos- se declararon ayer inocentes en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia viguesa por supuestamente vender e inscribir a nombre de sus esposas una serie de viviendas y fincas en Vigo y Mondariz que hasta ese momento pertenecían a cada uno de los matrimonios en régimen de condominio.
La Fiscalía atribuye a ambos hombres y a las mujeres un delito de insolvencia punible al sostener que realizaron estas "maniobras" para evitar embargos debido al impago de un crédito de 330.000 euros que Caja Madrid concedió en 2008 a los empresarios para refinanciar deudas anteriores de la sociedad, que meses después entró en concurso. El Ministerio Público pide 2 años de cárcel y multa de 2.880 euros para cada uno. La acusación particular eleva su solicitud -también acusa de estafa- y demanda hasta 7 años de prisión. Las defensas, mientras, plantean la libre absolución.
Los empresarios, H.G.F. y A.R.I.G., niegan intención de engañar al banco, señalando uno que la venta de los bienes fue en 2004, cuatro años antes de que solicitasen el crédito. "Esas ventas se hicieron ya que precisábamos liquidez para construir una nave", declaró. La tesis del fiscal es que si bien las compraventas fueron efectivamente en 2004, las mismas no se inscribieron en el registro de la propiedad hasta 2008, meses después de la concesión del crédito que resultó impagado.
Las defensas de las mujeres alegan que ellas eran "ajenas" a esas operaciones. "Mi cliente no tiene nada que ver con la empresa", dijo la abogada de una acusada.
