Uno de los primeros retos a los que tuvo que hacer frente la Plisan fue hacerse con los terrenos. Primero hubo que identificar a los propietarios de las 5.800 parcelas en las que se dividían la superficie original. Para conseguir que se les abonasen sus derechos mineros los afectados protagonizaron protestas en Santiago o incluso un encierro en el Ayuntamiento de Salvaterra. Tras abonar millones por el suelo, este mismo se abonarán otros 1,08 millones. La cifra se suma a las realizadas en 2015 y 2016, que afectaron a 764 fincas, con un importe total en los dos años de 915.000 euros.