25 de febrero de 2017
25.02.2017

Los abogados planean una huelga si sigue el IVA en el turno de oficio

La decana del colegio vigués envió una carta al ministro de Hacienda pidiendo la nulidad del impuesto al favorecer la "burocratización"

25.02.2017 | 01:54
Lourdes Carballo. // Marta G.Brea

La reciente imposición de aplicar el IVA a los letrados del turno de oficio ha levantado un aluvión de críticas por parte de juristas y colegiados. Este cambio de criterio del Ministerio de Hacienda responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) basada en un régimen de asistencia jurídica gratuíta como la de Bélgica. Sin embargo, este argumento no es recogido por los abogados,que no descartan convocar una huelga si se mantiene el impuesto sobre el valor añadido a este servicio público.

Así lo acordó el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, que decidió por unanimidad estudiar la convocatoria de una huelga del turno de oficio y movilizaciones de todos los colegios de abogados, así como una concentración de las juntas de gobierno ante el Ministerio de Hacienda en el caso de que no se suspenda esa aplicación del IVA.

Entienden los letrados que emitir una factura con este impuesto a los beneficiarios de un servicio público que el Estado presta a través de los colegios de abogados, es decir, a quienes carecen de recursos para defender sus derechos, "puede ser fácilmente percibido por el ciudadano como un trato escasamente digno".Por todo ello, la Abogacía reclama que se busque "urgentemente" una fórmula que permita suspender "de forma inmediata" la aplicación del nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Tributos, "contrario a la legalidad vigente", que afecta "a un servicio esencial para el mantenimiento del Estado de derecho".

Con la finalidad de poner fin a este nuevo criterio, la decana del colegio vigués, Lourdes Carballo emitió una misiva al ministro de Hacienda Cristobal Montoro argumentando que esta medida supondrá "un incremento de la burocratización, sin beneficio alguno para el ciudadano". "Emitir una factura con IVA a los beneficiarios de un servicio público que el Estado presta a quienes carecen de recursos para litigar puede ser percibido como un trato escasamente digno", explica la decana.

En la ciudad olívica el servicio de asistencia jurídica gratuita lo prestan 638 colegiados distribuidos en varias especialidades: 546 prestan asesoramiento en divorcios, 529 asisten a presos o detenidos, 270 ayudan a maltratadas, 529 a inmigrantes, 602 a desahuciados o víctimas de abusos bancarios o deudas, 369 a empleados despedidos o con invalidez, y 347 a personal de la Administración.

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