El Gobierno espera que el real decreto ley de reforma de la estiba que aprueba hoy el consejo de ministros, en cumplimiento de una sentencia europea y sin consenso con el sector, sea convalidado en el Congreso para evitar una multa. De lo contrario, "tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros", avisó ayer el ministro de Fomento en una rueda de prensa en Madrid. Íñigo de la Serna aseguró que este real decreto es "el límite de flexibilización máximo" que ha permitido la Comisión Europea (CE) tras unas negociaciones que tildó de "durísimas".

El ministro insistió que a partir de ahora, los sindicatos de estibadores y las empresas disponen de un año para hacer los ajustes necesarios dentro de la negociación colectiva. Precisamente, ambas partes volverán a reunirse el próximo martes bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para intentar lograr un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los actuales trabajadores, los requisitos de formación o la organización del trabajo. De momento, las dos reuniones celebradas hasta la fecha han concluido sin ningún acuerdo. En la última, este miércoles, ambas partes decidieron continuar pero los estibadores mantienen su preaviso de huelga para nueve jornadas de paros parciales durante tres semanas en el mes de marzo, su "única herramienta para defenderse y manifestar su malestar con el decreto", según los sindicatos.

Las organizaciones sindicales están convencidas de que podrán llegar a un acuerdo con la patronal y confían en que se pueda introducir modificaciones al texto del decreto en su tramitación parlamentaria, vía enmiendas. Sin embargo, De la Serna aclaró que si se introdujeran enmiendas, el decreto se encontraría con la negativa por parte de la CE, con lo cual no sólo no se evitaría la multa de 134.000 euros diarios, sino, además, no se detendría el proceso. El ministro agregó que el proceso se detendrá y habrá un desestimiento en el mismo momento en que exista la convalidación del documento por parte del Parlamento.

Consecuencias "de no hacerlo"

En este sentido, precisó que "el Gobierno no suele llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley si no tiene ciertas garantías de que se aprobará". Con todo De la Serna manifestó su "confianza" en la "responsabilidad y el sentido común" de los grupos al considerar que el de la estiba "no es un Real Decreto Ley al uso", es un texto "al que obliga una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", razonó. "Los grupos parlamentarios saben lo que esta reforma supone, que el Gobierno está atado de pies y manos, que tiene la responsabilidad de atender lo que dice la UE y que las consecuencias de no hacerlo afectarán al bolsillo de los españoles".

Por ello hizo ayer también un llamamiento a la "coherencia y responsabilidad" de los representantes de los trabajadores para seguir negociando "sin una convocatoria que condiciona a la otra parte de la mesa", en relación al calendario de paros de los estibadores. "Entiendo que los sindicatos hagan lo posible por mantener su status quo, pero ello sería a costa de ocasionar una sangría al bolsillo de los españoles y una huelga que perjudicaría a la economía del país", incidió.