Los resultados económicos marcaron ayer el debate en el pleno de Vigo. Las finanzas locales y autonómicas se convirtieron en diana para los tres grupos municipales. Se aprobó una moción de Marea con una enmienda socialista instando al Gobierno central a modificar el techo de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir el superávit en proyectos de su competencia y también salió adelante la propuesta del PSOE, con apoyo de la coalición de izquierdas, instando a la Xunta a corregir su presupuesto para destinar a Vigo otros 23 millones de euros para actuaciones pendientes como la mejora de los accesos de la AP-9, la Ciudad del Transporte, el centro de salud de Bouzas o mejoras en carreteras. El PP se abstuvo por entender que es la gestión del Ejecutivo gallego "la que está transformando Vigo".
El edil de Fomento, David Regades, fue el encargado de defender una moción que urge al Gobierno gallego a poner fin a su "manifiesto antiviguismo" y enmendar sus presupuestos de 2017 por entender que "abandonan a Vigo por completo". El socialista dejó claro que el gobierno vigués "no callará" hasta que se ejecuten todas las actuaciones comprometidas con la ciudad y cifró esa deuda adquirida en un mínimo de 18,9 millones.
Esta es la cuantía que los socialistas echan en falta en las cuentas autonómicas, en las que piden incrementar en 350.000 euros la partida prometida para reformar las pistas de Balaídos, dos millones de euros para desarrollar de forma efectiva el Área Metropolitana, dos millones para iniciar la ejecución de la estación de autobuses de Urzáiz, 1,2 millones para la Ciudad del Mar y 1,5 millones para adecentar el acceso a la ciudad por la AP-9. La moción aprobada con el respaldo de Marea también reclama 900.000 euros para cubrir los patios de varios colegios, un millón para la Ciudad del Transporte, seis millones para humanizar la PO-325, la PO-330 y la PO-552 y otras partidas entre las que se incluye la gratuidad del aparcamiento del hospital.
El portavoz de Marea, Rubén Pérez, respaldó la reivindicación del gobierno vigués reclamando que se explicite de qué partidas se detraería ese dinero e incorporando nuevas demandas como 400.000 euros adicionales para el MARCO, 3,3 millones para el sector naval y un millón para el Centro de Alta Resolución de Vigo. Con estas demandas la cuantía reclamada a la Xunta asciende a 23,7 millones y además Marea volvió a demandar que se reviertan los 25 millones del canon del Álvaro Cunqueiro.
La diputada del PP Teresa Egerique fue la encargada de poner el contrapunto a las críticas a la gestión autonómica y tildó las peticiones de POSE y Marea de "postureo", recordando que en el debate de las enmiendas del presupuesto en el Parlamento gallego los diputados socialistas "no mencionaron a Vigo". La popular defendió la actuación de la Xunta y cifró en 168 millones los fondos que se destinan anualmente a Vigo entre inversiones, transferencias y canones.
Antes del debate sobre los presupuestos gallegos, los tres grupos municipales se enzarzaron a cuenta de la liquidación municipal de 2016. El PP tildó de "desastrosa" la ejecución presupuestaria en Vigo al reducir a un tercio las inversiones materializadas en el ejercicio y elevar a 97 millones el dinero en caja que entiende "se podría destinar a mejorar servicios a la ciudadanía", demandó su portavoz, Elena Muñoz. Desde Marea criticaron la "obsesión" del gobierno local por saldar la deuda financiera hasta dejarla a cero en lugar de apostar por una política más activa en materia social. El edil de Hacienda, Jaime Aneiros, respondió a los golpes de la oposición defendiendo que Vigo "goza de una situación financiera envidiable" y es la ciudad que más pronto paga a proveedores "atendiendo al mismo tiempo las necesidades de su ciudadanos", apuntó.
