El tramo de la autopista entre Vigo y Chapela (Redondela) necesita obras por valor de casi 19 millones de euros para reducir la contaminación acústica que soportan sus vecinos, superiores a 65 decibelios, generado por el tráfico diario de miles de vehículos y camiones. Fomento ha fijado con ese presupuesto las medidas antirruido que propone aplicar en ambos márgenes de los apenas cinco kilómetros de la entrada de la AP-9 a la ciudad. Pantallas acústicas, pavimento "fonorreductor" y hasta semicubiertas figuran entre los dispositivos que el ministerio plantea para este trazado tras su inclusión en la Segunda Fase del Plan de Acción contra el Ruido.
Del análisis sonoro de toda la red nacional de viales estatales en régimen de concesión, basándose en los mapas estratégicos de ruido elaborados previamente por las concesionarias, el departamento autor del citado plan, la Dirección General de Carreteras, concluye planteando actuaciones en 25 zonas para aliviar el impacto que sufren las poblaciones lindantes. De toda esta lista, las concentradas en el trazado vigués destacan como las únicas tipificadas como "complejas", y por esta razón, también son las más costosas: en concreto, 18,8 millones.
Tampoco hay en todo el listado ningún otro ámbito poblacional con tantas personas expuestas a niveles de ruido superiores al índice OCA (Objetivo de Calidad Acústica) -fijado en menos de 65 decibelios durante el día y 55 decibelios durante la noche- como los 2.000 residentes de Teis y Chapela. Precisamente por esta elevada afección, en esta misma relación la entrada de la autopista a Vigo consta junto a otras siete áreas españolas con un "Grado de conflicto" calificado de "Alto".
Esta segunda fase del Plan de Acción contra el Ruido se acompaña de unas tablas anexas que aportan datos, igual que el mencionado presupuesto, desconocidos hasta la fecha sobre el alcance de las medidas que propone Fomento para mejorar la calidad de vida que los vecinos vienen demandando desde hace décadas. Como el referente al ámbito concreto donde se instalarían los reductores sonoros. Entre el punto kilométrico 1 y el 4,8, abarcando así prácticamente todo el tramo "urbano" de la autopista, desde Teis hasta Chapela. Y en los dos márgenes. Aunque en el hecho de proponer su colocación en ambos lados del vial pudo influir, como así sugiere el estudio, aparte de la alta concentración de viviendas, la existencia de "tres centros especialmente sensibles", como un sanitario y varios colegios.
Acciones combinadas
A la hora de explicar la consideración de "Actuaciones Complejas (AC)" , como las que se plantean para el tramo de la AP-9, el estudio de Fomento ofrece algunas claves que permiten hacerse una idea de lo que padecen estos vecinos por convivir durante más de 30 años con miles de vehículos radiando decibelios contra sus viviendas. Por ejemplo cuando dice que en estas zonas de conflicto -"que se corresponde a circunvalaciones de grandes núcleos de población y a penetraciones en las grandes aglomeraciones-, resultan insuficientes las medidas de uso más extendido, como las pantallas acústicas o un asfaltado antirrugoso. Para estos casos, subraya, la "estrategia de actuación pasa por intentar reducir la exposición de la población al ruido mediante la adoptación de acciones combinadas". "De todo tipo", añade, incluyendo la construcción de dispositivos antirruido "de gran complejidad", como barreras, cubiertas y semicubiertas.
Alta rentabilidad ambiental
El estudio admite que "aunque su rentabilidad ambiental es muy elevada debido al gran número de personas a las que beneficia", esta clase de actuaciones tienen un alto coste, como prueban esos cerca de 19 millones en los que presupuesta la inversión en la AP-9. Respecto a quién asumiría la inversión, en el documento ahora en fase de "Participación Pública" y colgado en la web de Fomento, la Dirección General de Carreteras apunta a Audasa, lo que coincidiría con lo manifestado este viernes por el departamento de Íñigo de la Serna. En respuesta a una pregunta parlamentaria de En Marea sobre las actuaciones antirruido en el acceso de la autopista en Vigo, Fomento ratificó que "correspondería a la sociedad concesionaria previa aprobación por parte del ministerio y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a otras administraciones".
Esta segunda fase del citado plan recoge otra actuación en Galicia. En el margen izquierdo del kilómetro 131 de la AP-9, el puente de la autopista en Pontevedra. Plantea dos tipos de medidas por importe de 555.000 euros.
