"Se nos agotó la paciencia". El alcalde de Vigo ,Abel Caballero, advierte a Audasa que debe acometer de inmediato la actuación para atajar la elevada contaminación acústica que padecen los vecinos de Teis y Chapela a causa del intenso tráfico de vehículos en los acceso de la autopista a la ciudad. Para el regidor la situación es insostenible. "Tenemos una autopista con 35 años que no ha experimentado ninguna mejora, es un vial que está en condiciones lamentables; los vigueses hemos aguantado demasiado tiempo y es el momento de actuar, así que Fomento debe obligar a Audasa a que se ponga a trabajar ya o en caso contrario abrirle un expediente sancionador", asegura. Los vecinos afectados también urgen la actuación con un calendario que recoja "plazos concretos y prioridades".

FARO reveló ayer que un informe del ministerio cifraba en 19 millones de euros la actuación contra la contaminación acústica en los cinco kilómetros de autopista entre Chapela y Teis. Además planteaba como medidas la instalación de pantallas, semicubiertas y asfalto antirrugoso. El propio documento del ministerio consideraba de forma indirecta que la AP-9 en Vigo presenta las mayores deficiencias de España, al situar este presupuesto como el de mayor cuantía de toda la red de autopistas.

Caballero advierte a Fomento que es la administración titular de la autopista por lo que tiene el deber de obligar a Audasa a realizar unas obras "absolutamente imprescindibles". El regidor vigués rechaza que el elevado coste pudiese servir a la concesionaria como argumento para retrasar la actuación. "Audasa lleva muchos años ganando millones de euros, así que comparado con sus beneficios, las obras no son caras", asegura. A su juicio, no hay disyuntiva posible sobre la necesidad de realizarlas. "Es sí o sí", recalca.

"Prioridad"

La Asociación Vecinal de Teis también considera "una prioridad" que Fomento "apruebe a la mayor brevedad posible" la segunda fase del Plan de Acción Contra el Ruido", que recoge las medidas para reducir el ruido y fija su coste. Pero va más allá y reclama que se haga con la inclusión de "plazos concretos, y de todas las actuaciones, priorizando las de las zonas donde viva un mayor número de personas afectadas", explica.

El secretario de este colectivo vecinal, Anxo Iglesias, reprocha a Audasa que a lo largo de estos 35 años que la autopista lleva en servicio "no haya realizado ninguna acción para mitigar la contaminación acústica". "Eso sí, las obras que ejecutó siempre tuvieron el mismo objetivo: seguir ganando dinero", critica.

Por eso ahora que construye la ampliación, este portavoz vecinal de Teis cree que "Audasa está moralmente obligada a invertir en medidas sociales, como la implantación de reductores sonoros".

Iglesias sostiene que la concesionaria querrá dilatar "al máximo" las obras que se demanda por su elevado coste. Así que para evitar "otros 35 años de retraso" considera "crucial" que todas las administraciones, desde la local, a la autonómica y central, "presionen a la concesionaria, pero empezando por Fomento", recalca.

Cansados de palabras

"De las palabras estamos cansados. Solo nos valen los hechos". La asociación de afectados por las obras de la AP-9 en Chapela (Redondela) cree también que ahora es el momento, aprovechando la ampliación en marcha, de que "Audasa demuestre que va a hacer lo que llevamos años demandando para acabar con este ruido insoportable". En este sentido, su portavoz Francisco Puch incide en los plazos y urge saber cuándo instalarán los reductores lo que de manera insistente han reclamando a la concesionaria en cada oportunidad que han tenido. La última, en una reunión el pasado 17 de febrero. "Entonces nos contestaron que ya estaban en ello, como siempre, pero ahora que Fomento tiene el presupuesto y sabe qué hay exactamente que colocar, pues ya no caben más excusas ni más estudios", enfatiza.

Para esta comisión, con esos casi 19 millones que costaría ese conjunto de actuaciones, la más cuantiosa de las 25 intervenciones propuestas en la red de carreteras en régimen de concesión, "revela la gravedad de lo que estamos denunciando". En el análisis, el ministerio valora "el grado de conflicto" generado por el ruido de tráfico en este ámbito "como alto" al superar con creces los niveles OCA (Objetivo de Calidad Acústica), fijado en 65 decibelios durante el día y 55 de noche. "Nosotros hemos hecho mediciones en el interior de viviendas que marcaban hasta 86 decibelios. Una barbaridad", denuncia.