La Gerencia de Urbanismo ha notificado este año a más de una treintena de propietarios por el mal estado de sus inmuebles para que ejecuten obras de reforma o ejecuten las correspondientes demoliciones. En algunos casos, el procedimiento se demora años sin que el Concello pueda contactar con ningún dueño por lo que los procedimientos caducan y se reactivan a lo largo de los meses derivando finalmente en multas coercitivas y ejecuciones subsidiarias por parte de la administración local.

Dentro de las rutinas burocráticas municipales, la Gerencia de Urbanismo apercibe a los propietarios que no mantienen en las condiciones de salubridad y seguridad adecuadas sus propiedades. En algunos casos, la desaparición de las empresas que poseen los inmuebles o el fallecimiento de sus dueños y la aparición de más de un heredero provoca el abandono de la propiedad, por una parte, y la dificultad de contactar con sus responsables. En estos casos, el Concello recurre a las notificaciones a través de los boletines oficiales, un prodecimiento lento y complejo.

Mensualmente se notifican a través de este procedimiento a una veintena de propietarios de inmuebles, muchos de ellos de titularidad compartida ya que se trata de edificios con varias alturas o viviendas y solares en las que son varios los herederos titulares. La mayoría de los apercibimientos son ante el abandono de las estructuras y por el riesgo para la seguridad ciudadana y las deficiencias se detectan después de que el edificio no supere la Inspección Técnica de Edificios (ITE) bien porque recibe un informe desfavorable por parte del arquitecto que la realiza o porque sus propietarios han obviado el realizar este examen, obligatorio para todas las edificaciones que superan los veinte años de antigüedad.

El abandono de estructuras se produce tanto en el centro de la ciudad como en barrios y en parroquias, aunque es en pleno urbano donde resulta más llamativo el deterioro de algunos edificios si bien en otros el abandono no es tan evidente. Este es el caso, por ejemplo, del inmueble de la Plaza de Compostela, 31, abandonado desde hace casi una década y cuyos propietarios -entre ellos el FROG- reciben desde 2009 apercibimientos municipales para que garanticen la seguridad de la fachada y de su cubierta, tanto ante las humedades y filtraciones como ante el posible riesgo de desprendimiento de tejas. En su última notificación, la Gerencia de Urbanismo advierte de que si se siguen ignorando sus avisos, el siguiente paso será la imposición de multas coercitivas trimestrales, que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros.

Recientemente, también en el centro, el Concello tomó la decisión de actuar subsidiariamente en un edificio con riesgo en Progreso 26, vaciándolo y asegurando su fachada para garantizar la seguridad.

En otros casos, también el BOE también se emplea para notificar a estos propietarios el final de los procedimientos, una vez que éstos atienden las demandas municipales como ocurrió con los dueños de las viviendas en ruinas de la calle Ribadavia 74,76,78 y 86 que ejecutaron la demolición de las ruinas existentes que se les había solicitado a comienzos de 2014.