18 de febrero de 2017
18.02.2017
Efectos de la iniciativa para liberalizar el sector

Empresarios avisan que el monopolio en la estiba y el bloqueo del PIF arriesgan el futuro del Puerto

-La Federación de Usuarios denuncia que estos factores hacen del vigués "un puerto caro, lento y con problemas" -Freire y Touza alertan de la pérdida "irrecuperable" de tráficos de persistir la falta de competitividad de la terminal

18.02.2017 | 01:32
Freire y Touza (al fondo), rodeados de directivos de otros colectivos usuarios del Puerto. // Alba Villar

Los empresarios lanzan un SOS. O el puerto mejora en cuestiones claves, como una rebaja de costes a través de la liberalización del sector de la estiba y la agilidad en el despacho de mercancías por medio de una "coordinación" de criterios en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), o de lo contrario, el desvío de tráficos a otras terminales como las de Portugal será irreversible. Con esta alarma, la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo expresó ayer la incertidumbre que reina en el sector por la pérdida de competitividad de una instalación como la portuaria de cuyo funcionamiento depende que sea también competitiva una industria tan relevante para la economía local y gallega como la transformadora vinculada al sector pesquero. De continuar así, "caro lento y con problemas", avisan que el puerto de Vigo se juega su futuro.

Asociación Provincial de Vendedores y Consignatarios de Pescado en Puertos, Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi), Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi), Asociación Provincial de Empresas Frigoríficas de la Provincia de Pontevedra (APEF), Asociación de Transportistas de Contenedores del Puerto de Vigo (ATC), Transfrío y Conxemar. Representantes de estos siete colectivos se reunieron en la mañana de ayer en la sede de Conxemar y por la tarde comparecieron en rueda de prensa para explicar los motivos de un comunicado conjunto emitido en nombre de la Federación de Usuarios. Con este posicionamiento buscan trasladar a la opinión pública su preocupación por la situación del puerto de Vigo, y por qué "las empresas huyen de este puerto".

Empezaron por reclamar el final de monopolio de los estibadores recalcando la "necesidad de que los operadores portuarios ajusten su funcionamiento a las reglas de competencia marcadas desde nuestro entorno comunitario, incluyendo las resoluciones emanadas desde el Tribunal de la Unión Europea, en particular, en un asunto de fundamental importancia como es la estiba". La liberalización de este sector, ya en marcha con un decreto-ley que el Gobierno quiere aprobar de forma inminente, afecta a un colectivo en Vigo de 110 trabajadores. En este sentido, el presidente de Conxemar, José Luis Freire contrapuso la hipotética pérdida de ese centenar de empleos frente a los "miles" del que dependen el buen funcionamiento de un puerto.

"La descarga en los muelles debe estar liberalizada y debe haber competencia. La competencia es sana", remachó Freire. El presidente de la Cooperativa de Armadores, Javier Touza, puso números a la imposición de la mano de obra en los muelles para reforzar la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con otras terminales. "En España suponen un 53% el coste de la estiba frente al 38% de media en el resto de Europa", apuntó para dejar claro el apoyo de la federación de usuarios a la reforma en ciernes.

Pero igual de perjudiciales para la competitividad del puerto de Vigo son las trabas en el despacho de mercancías. Por ello demandan "la necesidad de que la gestión burocrática -en particular, la existencia de una Ventanilla Única-, y de los servicios de inspección fronteriza, desarrollados por el PIF del Puerto de Vigo, se ajusten a los estándares de nuestros puertos vecinos. Siendo partes de una unión aduanera europea carece de sentido alguno que los criterios de utilizados para autorizar la importancia de una mercancía en el puerto de Vigo diverjan de aquellos utilizados por un puerto tan próximo como es del de Leixões".

Touza criticó el "exceso de celo" y el "control arbitrario" por parte de los funcionarios del puesto de Guixar por razones que "nada tienen que ver con la seguridad alimentaria". "Nosotros somos los primeros en decidir la destrucción de una mercancía cuando no viene en condiciones. Pero aquí se trata de arbitrariedades", indicó. Trabas que generan inseguridad entre las empresas por lo que al final deciden operar en otros puertos. "Y cuando se pierden ciertos tráficos, pueden ser irrecuperables", advirtió.

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