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Acepta los argumentos de la denuncia del Puerto

La estiba viguesa se expone a una sanción millonaria de Competencia por su monopolio

El organismo regulador abre expediente sancionador a sindicatos y empresas de la Sagep por "indicios" de prácticas anticompetitivas - Acepta los argumentos de la denuncia del Puerto

Grúas en la terminal de contenedores de Vigo gestionada por Termavi. // FdV

Grúas en la terminal de contenedores de Vigo gestionada por Termavi. // FdV

A la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) le bastaron cuatro meses para sospechar de las prácticas monopolistas denunciadas por el Puerto de Vigo en la forma de operar de la estiba. Tras analizar las conductas advertidas por la Autoridad Portuaria, el organismo regulador ha decidido abrir expediente sancionador contra los sindicatos y las empresas accionistas de la sociedad que en 1996 -cuando todavía se llamaba Seed, ahora Sagep- firmaron un "pacto extraestatutario" que en estos 20 años ha concedido a sus trabajadores la exclusividad en el desempeño de tareas y otros privilegios que exceden el ámbito funcional y personal reservados para su actividad en las leyes vigentes. Todavía no fija la cuantía, pero fuentes conocedoras de estos procesos aseguran a FARO que la Comisión "multa en estos casos con millones".

El expediente sancionador se incoa por "posibles prácticas anticompetitivas" contra quienes figuran como firmantes del citado "pacto extraestatutario". Por un lado, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIG, aunque este último perdió el año pasado la representación en el comité de empresa de la Sagep y entró, a cambio, el mayoritario en España, Coordinadora.Y por otro, las cinco accionistas: Terminales Marítimas de Vigo (grupo Davila); Bergé Marítima; Estibadora Gallega (grupo Kaleido), Líneas Marítimas Españolas (grupo Suardiaz) y Pérez Torres Marítima.

La CNMC relata en su comunicado que el origen de este expediente parte de la información remitida por la Autoridad Portuaria de Vigo, y que a partir de ahí inició "una información reservada que permitió detectar indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de la competencia" . En concreto los citados firmantes infringirían el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), y del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Comisión precisa que la incoación de este expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación". Este se conocerá al cabo de 18 meses, el plazo que se da el organismo para concluir la instrucción del caso. A partir de ahora la Sagep tendría que demostrar que su funcionamiento en todo este tiempo se ajustó a la legalidad o se arriesga a pagar una cuantiosa multa.

Para el cálculo de esta sanción, según las fuentes consultadas, Competencia suele emplear como baremo el volumen de negocio extra generado desde 1996 hasta la actualidad por el cobro de esas tareas exclusivas que en virtud de las citadas leyes no estarían bajo el control de la Colla. Entre ellas, algunas de las llamadas "complementarias", como la entrega y recepción de contenedores a los transportistas dentro de la terminal. Solo esta actividad supone al año un sobrecoste para los operadores de 340.000 euros, según estimaciones portuarias.

La resolución de Competencia transciende con el colectivo de estibadores españoles en pie de guerra por la pretensión del Gobierno central de acelerar, por la vía de un decreto-ley, la reforma de la estiba. Pero ya en octubre del año pasado, al enviar el apercibimiento a la Sagep de Vigo exigiéndole el "cese inmediato" del "pseudoconvenio ilegal" en el que se amparaba para monopolizar tareas exclusivas (además de la citada recepción de contenedores, la carga y descarga de vehículos en Bouzas), el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, ya había advertido que no esperaría a la nueva normativa española. "Porque esta situación perjudica a la industria que alimenta a toda la economía de Vigo", había justificado insistiendo en que el citado pacto laboral de 1996, además de "carecer de todo sustento normativo", suponía "un incumplimiento continuado de las normas de defensa de libre competencia".Como así lo aprecia ahora la Comisión. Preguntado ayer por esta cuestión, López Veiga eludió cualquier comentario "en cumplimiento del secreto al que estamos obligados por la comisión".

"En manos de los abogados"

Sobre las repercusiones de este expediente, Manuel Río, portavoz de UGT y presidente del comité de empresa de la Sagep, se limitó a decir: "Están viéndolo nuestros abogados".Y desde hace semanas. Sindicatos y accionistas conocen desde el pasado mes el proceso abierto por Competencia. Pero la amenaza de una multa no ha servido para que firmaran el preacuerdo alcanzado entre ambas partes a principios de enero, el que adaptaría su actividad a la ley vigente -IV Acuerdo Marco- al tiempo que incluye mejoras de funcionamiento que redundarían en una rebaja de costes a los operadores y una mayor flexibilidad horaria. Cuando parecían decididos a ratificar lo acordado tras meses de negociaciones -forzadas por el apercibimiento del Puerto-, casi un mes y varias reuniones después, siguen igual. "Cuanto más tarden más gorda podría ser la multa", avisan las mismas fuentes.

El motivo del impás sobre este documento podría estar en el análisis por parte de los asesores jurídicos de la Sagep sobre la viabilidad de aprobar una nueva regulación laboral en Vigo cuando es inminente la reforma de la ley para adaptarla a la sentencia europea. Fuentes portuarias desvinculan ambas situaciones. Recalcan que la reforma establece tres años de periodo transitorio, "demasiado tiempo para que la Sagep siga operando como hasta ahora".

Bruselas presiona: "Hay necesidad de que España cumpla la sentencia europea"

  • La Comisión Europea está en contacto con el Gobierno español para asegurar que la reforma de la estiba cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y, al mismo tiempo, "garantice la competitividad de los puertos españoles y ofrezca un nivel adecuado de protección a los trabajadores". "Ambas partes comparten el interés común de un sistema laboral portuario que garantice la competitividad de los puertos españoles y ofrezca un nivel adecuado de protección a los trabajadores", expresó ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas en una rueda de prensa.Schinas confirmó conversaciones "en marcha" y "avanzadas", y confió en que la solución final "cumpla con los requisitos". "Hay necesidad de que la legislación española refleje la sentencia del Tribunal. Es algo que justifica los contactos que están en marcha. Estoy seguro de que a las autoridades españolas no les gustaría producir una ley que no es compatible con la legislación europea y comunitaria", añadió.Los sindicatos de estibadores anunciaron este miércoles que no secundarán la huelga convocada en los puertos para la próxima semana ante la propuesta del Fomento de retrasar la aprobación de la reforma de la estiba para dar oportunidad de nuevo a la negociación. A este respecto, el ministro Íñigo de la Serna se ofreció ayer a mediar entre la patronal y los sindicatos de estibadores si se lo piden e insistió en que ve margen para incorporar en la negociación colectiva peticiones de los trabajadores que no se pueden incluir en un real decreto ley. Entre estas, aspectos como la subrogación de un empleado (garantizar los actuales puestos de trabajo) no se pueden poner en un real decreto, insistió en declaraciones a la cadena Ser.

Podemos apoya las condiciones laborales los estibadores "porque se lo han ganado"

  • El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, deseó ayer "ánimo y suerte" en la negociación a los estibadores españoles. Preguntado en el Congreso por la decisión del colectivo de desconvocar la huelga, después de que el Gobierno decidiera aplazar la aprobación del decreto ley de liberalización del sector, Iglesias recordó que el derecho a la huelga está recogido en la Constitución."Si alguien dice que los estibadores tienen circunstancias mejores que otros trabajadores es porque se lo han ganado. Les deseo lo mejor, porque es de agradecer que la organización de los trabajadores sirva para ampliar derechos y hay que estar satisfechos de que haya trabajadores que defiendan sus derechos", añadió.PSOE defiende un acuerdoPor su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, instó al Ministerio de Fomento a presentar en las Cortes un real decreto ley para la liberalización del sector de la estiba que sea fruto del acuerdo entre empresas y trabajadores, y que a la vez cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "El PSOE estima que es necesario cumplir con la sentencia europea, y que la mejor forma de hacerlo es que las distintas partes se pongan de acuerdo. Instamos tanto a Fomento como a los trabajadores y los empresarios a emprender un diálogo y a traer un decreto que sea fruto de un acuerdo y que cumpla con la sentencia", zanjó.El apoyo de los grupos parlamentarios es clave para que el Gobierno, en minoría, lleve adelante la reforma. No lo tiene fácil. El PNV también rechaza la propuesta porque sean los Puertos del Estado los que asuman el coste de las indemnizaciones por eventuales despidos de estibadores.

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