Los sindicatos que representan a los más de 6.000 estibadores españoles se mostraban ayer decididos a impugnar los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento para los paros parciales antes de que se desconvocasen los organizados para los días 20, 22 y 24 de febrero.

Los servicios mínimos establecidos por Fomento serán del cien por cien en el caso de las operaciones que afecten a mercancías perecederas o peligrosas o los suministros esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla, y del 50 % para el resto de servicios.

Como ya habían anticipado en los últimos días, los sindicatos consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos al plantearse en días y horas alternos (de 24 horas se trabajarán doce) y, además, no afectará al tráfico de viajeros por los puertos, recordó ayer la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de estibadores.

No obstante, fuentes de esta central sindical señalaron a la agencia Efe que los servicios mínimos no les preocupan mucho a los estibadores, que por supuesto los atacarán, ya que su objetivo con la huelga es conseguir llamar la atención de los grupos parlamentarios y la opinión pública sobre la reforma de la estiba planteada por el Gobierno que supondrá la extinción del empleo de este colectivo.

Respecto a los servicios mínimos decretados por el Gobierno, en Vigo preocupa sobre todo que entre los definidos como "esenciales" se incluyan los que propuso la Autoridad Portuaria, los vinculados al suministro de piezas a la planta de PSA. El presidente del Puerto, Enrique López Veiga, no duda que el abastecimiento a la factoría de Balaídos vaya a quedar garantizado durante la huelga. Y frente a lo manifestado por los estibadores de que realizando el 50% de la jornada laboral les exime de la obligación de cubrir los servicios mínimos, López Veiga precisó que "es el 50% de la actividad prevista, no la horaria".

Inquietudes

Quien también se refirió ayer a la movilización de la estiba y las medidas del Gobierno para minimizar sus efectos fue la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. La viguesa Irene Garrido admitió que entre el Gobierno "hay inquietudes porque si no se toman las medidas adecuadas que garanticen el servicio, la huelga puede paralizar el tráfico portuario". Pese a ello, entiende que "se están tomando medidas necesarias para que el servicio quede cubierto en su totalidad".