En los últimos años, el futuro del Registro Civil ha estado inmerso en varios intentos de reformas y cambios legales. En 2015, la pretensión del Gobierno fue la de privatizar este servicio y entregárselo a los registradores mercantiles lo que provocó miles de protestas entre los operarios judiciales que rechazaban este plan. Ahora hay una nueva fecha marcada en el calendario de todos los funcionarios y encargados del Registro Civil que podría dar un nuevo rumbo a este servicio. El 30 de junio de 2017 está previsto la entrada en vigor de la Ley 20/2011, que implica muchos y muy importantes cambios para este juzgado. Y aunque su puesta en marcha se ha prorrogado y paralizado en varias ocasiones, parece que ahora sí podría convertirse en una realidad.
Este pasado martes, el Ministro de Justicia Rafael Catalá se reunió con varias organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia-nueva denominación de los secretarios judiciales- para anunciar que serán ellos los encargados de dirigir y gestionar este órgano. La figura del juez desaparecería por lo que el Registro Civil se desvincularía del ámbito judicial. El delegado en Galicia de UPSJ (Unión Progresista de Secretarios Judiciales), Juan José Yáñez considera que los letrados judiciales son los "más capacitados" para ejercer la gestión del Registro. "Es una pretensión que llevamos años reclamando. Estamos totalmente de acuerdo con que se nos atribuya esta dirección. Los cambios también se harán notar en el formato de las inscripciones, ya que se creará un registro individual para cada persona en vez del sistema de registro por territorios", señala Yáñez. Reconoce que esta nueva función de los Letrados de la Administración de Justicia no puede ser compartido con una "función procesal", por lo que propone refuerzos en los Juzgados de Primera Instancia o Mixtos cuyos letrados judiciales pasen también a dirigir el Registro Civil.
En Vigo, este posible cambio legar no ha calado en exceso en el Registro Civil. "Todavía es pronto para hablar de reformas", reconocía el letrado judicial, mientras la magistrada garantizaba los servicios del Registro vigués. "Vamos a continuar con las bodas y registros a pesar de posibles reformas. O seremos nosotros o un refuerzo, pero el ciudadano tiene que estar atendido", reitera la juez.
