Todavía faltan dos semanas para la huelga convocada por los estibadores en toda España pero en el puerto de Vigo, como ocurre desde el martes en Barcelona o Valencia, el colectivo ha comenzado con las huelgas encubiertas. Operadores de la terminal de vehículos de Bouzas, la más sensible ante las medidas de presión de la Colla, alertaron ayer a la Autoridad Portuaria de una "intencionada lentitud" por parte de los trabajadores que ha hecho caer su productividad un 30%. Horas después de conocer la situación en Bouzas, el presidente Enrique López Veiga reaccionó dirigiendo una carta a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) para advertirle de que movilizaciones como las protagonizadas por su plantilla provocan una "alteración colectiva" diferente a lo estipulado en una huelga legal por lo que corren el riesgo de ser penalizados. Pero para actuar frente a estos "actos abusivos" , insta a las empresas a presentar denuncia. "Si lo hacen, actuaremos en consecuencia", avanzó.
Con el asunto "Huelgas de bajo rendimiento", en la carta a la Sagep el Puerto expone que tanto esas como las "de trabajo lento, son consideradas huelgas atípicas que comportan una alteración colectiva en el régimen de trabajo distinto a la huelga, y por tanto pueden estar consideradas como actos o huelgas abusivas". El presidente sostiene, basándose "en distintas interpretaciones jurídicas", que el "criterio para decidir sobre el carácter abusivo o no de estas huelgas será el de proporcionalidad del daño". Si este se sustancia en la caída de un 30% en la actividad, el presidente insta a los operadores afectados a denunciarlo ante la Autoridad Portuaria "con la aportación de pruebas". De esta manera podrá elevar el expediente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que resuelva la posible sanción.
Desde del colectivo negaron de manera tajante las acusaciones. Oficialmente trabajaron ayer con "normalidad" y así lo harán hasta al menos la última semana de mes, cuando está convocada la movilización nacional contra la reforma de la estiba (en las horas impares entre las 8.00 del día 20 a las 8.00 del 21, y con esta misma secuencia, entre los días 22-23, y 24-25 de febrero). FARO, sin embargo, pudo confirmar por varios operadores que la carga y descarga de sus buques iba "a ralentí" por la actitud de los estibadores, lo que sembró la incertidumbre entre los responsables de la planta de PSA.
En la factoría de Balaídos temen que estos paros encubiertos -"irresponsables actuaciones", como denunció ayer la patronal estibadora Anesco- se mantengan hasta la celebración de la huelga convocada y acaben por colapsar la terminal de Bouzas reteniendo aquí a buena parte de los vehículos que estos días llegan de Balaídos en un número mayor del habitual por el aumento de la producción. A esto se suma el hecho de que la fábrica viguesa se abastece de piezas que llegan a través de la autopista del mar con Francia. Así que de interrumpir la descarga de los buques donde viajan hasta 1.000 componentes diferentes que necesita para producir sus modelos, PSA se vería obligada a parar su actividad en Vigo.
Para el presidente del Puerto, aunque sean parciales los paros convocados para final de mes, entiende que la actividad de la factoría automovilística estaría blindada al incluirse su suministro entre los "servicios esenciales" , así declarados por la Autoridad Portuaria para protegerlos frente a conflictos laborales. López Veiga insiste en calificar de "inadmisible" que un colectivo "pueda paralizar la economía de una ciudad o de una nación". "Mientras sean unas huelgas limitadas y razonables, bueno, pero si esto se pretende llevar a una escala mayor.... Ya hubo que hacer algo con los controladores aéreos, pues no debería excluirse nada de este estilo", añade.
López Veiga respalda por completo la postura del ministro de Fomento. Íñigo de la Serna se refirió de nuevo ayer a los motivos que obligan a acelerar la reforma de la estiba. "No decide el Gobierno hasta dónde tiene que llegar la reforma, sino la Comisión Europea. Hacemos lo que la Comisión nos permite hacer. Estamos atados de pies y manos", razonó.
Cita de Fomento con sindicatos
El sindicato mayoritario en la estiba, Coordinadora, acusa a De la Serna de desoír las reivindicaciones de los portavoces de la plantilla -6.150 en España- como la de articular un registro de trabajadores del ramo y de contar con más de tres años para abordar el proceso de cambio del sector, desde el monopolio actual hasta la completa liberalización. Peticiones que según el ministro fueron rechazadas por la Comisión Europea. Aun así, apuesta por seguir dialogando hasta el viernes 17, cuando el Consejo de Ministros apruebe, previsiblemente, la modificación de la ley. Por ello entregó ayer a sindicatos y patronal el texto de la normativa y hoy representantes de Fomento se reunirán con ellos como muestra de su disposición a alcanzar un entendimiento. En cualquier caso, "siempre dentro del marco de lo que establece la normativa comunitaria", precisó.
Como justificación de la premura por aprobar la reforma, el ministro reiteró que "está a punto de fallarse" la segunda sentencia a España del Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la de 2014, la que condenó al Gobierno a acabar con el monopolio de la estiba y garantizar el libre establecimiento de empresas en los muelles. Supondría una multa de 134.000 euros diarios "que saldría del bolsillo de todos los españoles", subrayó.
