La confrontación política por el Área Metropolitana de Vigo llegó ayer al pleno ordinario del Concello, casi monográfico al incluir hasta cuatro mociones -tres del grupo socialista y una del popular- para debatir sobre el ente supramunicipal y la integración del transporte urbano de Vigo en el plan de transporte metropolitano de la Xunta.

La amplia mayoría absoluta del PSOE fue reforzada por los tres ediles de Marea de Vigo por lo que el PP se quedó solo en la defensa de sus tesis. Así, el pleno aprobó instar a la Xunta a inscribir el Área en el Rexistro de Entidades Locais y a que autorice la acumulación de funciones en el intervento y el secretario municipal que se han propuesto para el mismo cargo en el nuevo organismo supramunicipal.

El edil Carlos López Font fue el encargado de defender las tres mociones socialistas y tras recordar la constitución del Área Metropolitana, el 1 de diciembre, reprochó a la Xunta que "utiliza los instrumentos en beneficio de sus siglas cometiendo exceso de poder". Además, calificó de "peregrinos" los argumentos del Gobierno gallego para rechazar el nombramiento del interventor y el secretario municipal.

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ironizó sobre el "pleno casi monográfico por fascículos" sobre el Área pero aprovechó para reclamar la necesidad de convocar uno que sí se centre en el ente supramunicipal para "explicar a los ciudadanos la vergüenza colectiva que estamos haciendo". Pérez, que incluso planteó que dicha sesión monográfica pudiese celebrarse en el seno del propio Área "aunque faltaría uno de los grupos", repartió la culpa del bloqueo entre socialistas y populares por su "falta de voluntad política". A los primeros, por el "marrón encima que tienen con Vitrasa" y a los segundos por temer "el tener enfrente a un instrumento público muy importante".

Por su parte, la portavoz del grupo popular aseguró que "al PSOE y a Caballero no les interesa nada el Área Metropolitana" y lamentó que ninguna de las tres mociones socialistas "sirve de nada a los vigueses porque no les darán servicios más baratos". Elena Muñoz recriminó a Caballero los "continuos bandazos, cambios de opinión y el paripé de los últimos meses" y reiteró que esto se debe a que "no cree en el Área y por eso tenía que boicotearla". Al respecto de la primera moción concluyó remarcando que "no se puede registrar el Área porque no existe".

La mayoría de PSOE y Marea también validaron la segunda moción para instar al Gobierno gallego a que retire el recurso contencioso-administrativo contra el Área y que acepte que "está legalmente constituida y funcionando", recalcó López Font, que lamentó la "artimaña política" de los populares, a quienes pidió que "dejen de chantajear" a la ciudad. Similar opinión manifestó Rubén Pérez, que recordó que durante la sesión constitutiva el grupo popular votó a favor antes de abandonarla.

"Es una gran estafa", aseguró Elena Muñoz, que exigió al alcalde de Vigo que "cumpla su palabra y al día siguiente se retirará el recurso". "Le tiene miedo a la justicia", espetó a Caballero, a quien acusó de "creerse por encima de la ley".

La tercera iniciativa socialista, también aprobada, fue instar a la Xunta a reconocer que el Concello "está integrado en el transporte metropolitano.", como recalcó López Font. Tras él, Caballero intervino para augurar que "vamos a ganar" el recurso presentado por la Xunta ante el contencioso. A este respecto, lamentó que el objetivo de la Xunta "es paralizar dos años el Área para ver si la siguiente vez tiene un mejor resultado" .

Durante el debate de esta moción, tanto Caballero como López Font aseveraron que lo que reclaman los populares a través de sus "octavillas" es lo mismo que propone Caballero. "Lo acepto ya, acepto pagar 275.000 y subo a 360.000 euros", aseguró el alcalde vigués, que remarcó que el Concello de Vigo "no pagará" los viajes urbanos pero sí los trasbordos procedentes del interurbano. "Es patético escuchar al PP decir que Vigo tiene que pagar", dijo el regidor vigués, que confió en que se resuelva "el problema técnico" de las canceladoras.

Por su parte, en el último tramo del pleno, el grupo popular no logró el apoyo para sacar adelante la moción en la que instaba al alcalde a "cumplir con su palabra, con la firma del convenio y con la ley incorporando a Vigo en el transporte metropolitano", recalcó Muñoz.

Cambia el día

Al margen del Área Metropolitana y el transporte, el pleno se inició con el debate de la propuesta de cambio de fecha para la celebración de las sesiones ordinarias. La medida se había incluido en el pleno de diciembre pero fue retirada del orden del día para dar un margen a los grupos para intentar alcanzar un acuerdo al respecto.

Finalmente, el consenso no se produjo y pese al desacuerdo de los grupos de la oposición, el PSOE aprobó el cambio del reglamento para que los plenos se celebren, en vez del lunes como hasta ahora, el último miércoles de cada mes.

Durante su intervención, Rubén Pérez lamentó que la propuesta no contemple la posibilidad de celebrar las sesiones en horario de tarde como sí se hace en otros ayuntamientos del área y además argumentó la abstención de su grupo en la propuesta remarcando que la elección del jueves habría sumado un mayor consenso entre todos los grupos.

Por su parte, Elena Muñoz acusó directamente al gobierno local de buscar "perjudicar al PP" con el cambio a los miércoles ya que con esa "decisión unilateral" el grupo socialista "nos enseña una vez más como no usar una mayoría absoluta". Así, aseveró que la modificación responde a una única motivación "política" dado que en el grupo popular hay dos concejales "trabajando y defendiendo los intereses de Vigo en el Parlamento y el Senado" que no podrán compaginar ambos cargos al coincidir tanto el pleno de la Cámara gallega como las sesiones de la Cámara baja en miércoles.

"Con estas maniobras torticeras demuestran que estsán preocupados porque el PP sube cada vez más pero nuestros siete concejales valen diez veces más que los 17 del PSOE que son incapaces de sacar adelante el gobierno de esta ciudad", dijo Muñoz.

Durante su turno, el socialista Carlos López Font calificó de "lamentable" que el grupo popular proponga que el pleno "esté pendiente del Senado y del Parlamento". "No voy a entrar al trapo en lo que acaba de decir porque los jueces de todo eso son los ciudadanos y usted llegó en enero de 2015 con trece concejales y llevó al grupo a los siete que están ahora", indicó.