PP y PSOE pactan en el Parlamento gallego una nueva vía para agilizar las actuaciones urbanísticas
La norma se aprobará el martes en el pleno dentro de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de este año

Vista parcial de la ciudad. // Marta G. Brea
Vigo
El urbanismo vigués podrá acudir al Plan General de 2008, anulado por el Tribunal Supremo, para retomar las licencias firmes ya concedidas al amparo de este plan siempre y cuando no contradigan la sentencia judicial que lo invalidó. Los promotores, además, dispondrán de un nuevo instrumento para llevar a cabo la ordenación urbanística prevista en ese PGOM en determinados ámbitos que no se incluyen o que están desfasados con respecto al plan vigente, del 93.
Esta nueva vía se abre tras un acuerdo entre PP y PSOE en la comisión de economía del Parlamento sobre la ordenación provisional urbanística que incorpora la ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2017.
El acuerdo será aprobado el próximo martes por el pleno de la Cámara gallega y a partir de ahí los ayuntamientos con planes de urbanismo anulados como Vigo y Ourense podrán decidir si se acogen.
"No es una ley para saltarse una sentencia sino para que la sentencia no paralice durante un largo plazo de tiempo todo el urbanismo", explicó el parlamentario socialista Abel Losada, que precisó que de este pacto beneficiará a los promotores y permitirá aliviar la necesidad de suelo industrial y comercial en un momento en el que, recordó, "la necesidad de suelo residencial no es tan alta como en 2008".
Por tanto, la normativa permitirá adaptarse a las nuevas demandas de 2017 recuperando el planeamiento de 2008 como referencia, con sus aprovechamientos y edificabilidades. "Permite hacer planeamientos sectoriales con evaluación ambiental simplificada y facilita el planeamiento para mantener una cierta seguridad jurídica para los inversores y los agentes económicos para que puedan tomar decisiones", aseveró Losada, quien remarcó que la sentencia "se respeta pero se pretende que no se bloquee el desarrollo de la ciudad y el urbanismo se pueda adaptar al nuevo escenario económico".
"Se dan los instrumentos para que se puedan desarrollar con procedimiento abreviado ciertos ámbitos justificando el interés general", indicó la parlamentaria popular Paula Prado, que reiteró el compromiso de su partido con la ciudad. "Somos aliados de Vigo y los vigueses. Queremos que progrese, que las empresas tengan los menos obstáculos posibles y que no se eche abajo el esfuerzo de proyectos en marcha", dijo.
"Estamos buscando salidas y soluciones a Vigo con un problema tan importante como es la paralización del urbanismo", constató el concejal popular Miguel Fidalgo.
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