La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y cuyo cometido es investigar y derribar las viviendas, naves y galpones construidos de forma ilegal en suelo rústico o en zonas de coste no edificable suma un total de siete actuaciones en el municipio de Vigo durante los ejercicios 2016 y 2015.

En marzo del último año ejecutó la demolición de los cimientos de una construcción edificada en suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y una vivienda prefabricada instalada en suelo rústico de protección especial agraria y paisajística. Ya en el otoño, ordenó el derribo de un chalé levantado en suelo rústico donde no estaba permitido construir y un cobertizo para garaje en zona protegida por su proximidad a la costa.

En el ejercicio anterior, el organismo autonómico derribó una vivienda ilegal detectada en 2008 construida en suelo destinado a zonas verdes y una segunda construcción de planta baja en suelo rústico de protección forestal. El tercer expediente afecta a una construcción en piedra que ocupaba terrenos afectados por la protección de espacios libres y zonas verdes "Xunqueira do Bao-Hermida".

La actividad sube si se tienen en cuenta los 14 municipios del Área Metropolitana. Solo en 2016 fueron 23 las actuaciones en toda la comarca y es Redondela el concello que acumula más infracciones con un total de siete órdenes de derribo que afectaron a dos viviendas prefabricadas, un chalé de tres plantas en suelo no urbanizable protegido, una vivienda con garaje y piscina, otra construcción urbanizable en suelo no urbanizable de monte, una caseta prefabricada en suelo rústico y unos muros de hormigón y una cimentación preparada para una construcción. Le sigue Cangas con la retirada de varias roulotte, una casa prefabricada y varias casetas para cafetería. Gondomar acumuló en 2016 tres expedientes y dos Moaña y Nigrán que cierran el listado.