Esther, Manuela y Nieves comenzaron a trabajar a los catorce años en Grupo de Empresas Álvarez, la que fue una de las fábricas de loza más importantes de España. Durante más de treinta años trabajaron en la factoría hasta que, con poco más de 40, sus vidas cambiaron para siempre con el cierre en 2001. Atrás quedaban muchos años de lucha y logros laborales y se abría una época de incertidumbre y de nuevas peleas que quince años después siguen sin poder cerrar ya que los más de mil exempleados siguen sin cobrar los salarios e indemnizaciones que les adeudan.
De ellos, más de la mitad acaban de recibir hace unas semanas una notificación de su abogado común, José Pérez Pousa, en la que se les comunica la última resolución que resuelve su caso con unos 4.000 euros por cabeza en lugar de los 70.000 que reclamaban. Otros doscientos, los representados por el sindicato CIG, acaban de cursar una nueva demanda contra el empresario al que vendieron su porcentaje de los terrenos, Luis Fernández Somoza, que les adeuda 2,5 millones de euros. "Me da mucha agonía ver esto. Me estremezco al ver cómo está este lugar que tanto panciño nos dio para comer", señala Esther ante el portal de la factoría.
La quiebra de GEA supuso un mazazo para los trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, pero no fue una sorpresa ya que la situación comenzó a empeorar tras la privatización del grupo en 1991, la reducción drástica de la plantilla y, entre otros, la retirada de las pagas extras y el impago de nóminas que, recuerdan, eran de 170.000 pesetas al mes. "Estábamos muy bien. Cuando empezamos trabajábamos 55 horas a la semana y logramos la jornada de 38 horas y media. Luchamos por nuestros derechos", recuerda Manuela.
Pero todo se acabó y más de un millar de familias se quedaron en la calle sin tener un oficio."Con cuarenta años no éramos ni jóvenes ni viejos Algunos fuimos encontrando otros trabajos pero fue muy duro, en Álvarez trabajaban muchos matrimonios, familias enteras con hijos pequeños e hipotecas que lo pasaron muy mal", relata Nieves, que recuerda que emn GEA llegaron a trabajar casi seis mil personas.
El millar que permanecía en el momento del cierre llegó completamente dividido tras la década convulsa que precedió a la quiebra. Tras más de treinta años juntos, esa época negra los enfrentó y provocó que hoy en día muchos sigan sin hablarse. "Hubo muchos conflictos y peleas", rememora Esther.
Así, los trabajadores se dividieron en grupos según los sindicatos a los que eran afines: CC OO, UGT, CIG, USO y GOG, estos últimos independientes, y confiaron a éstos sus indemnizaciones, que se ligaron a los terrenos, objeto de deseo de todos ya que las posibilidades urbanísticas de los solares de Cabral y Coruxo, de unos 170.000 metros cuadrados, eran inmensas. Así, se dividieron en tres partes de las cuales el 25 por ciento que correspondía a los afiliados de la CIG fue adquirida por Inversiones Subel, de Somoza, que les pagó 650.000 el terreno industrial pero no los 2,5 millones que les correspondían por el residencial tras la recalificación del suelo.
Año tras año, y ya van quince, han continuado con su lucha, aunque son muchos los que se han desanimado por el camino. "Aunque ganásemos, nunca vamos a cobrar lo que nos pertenece, ni siquiera la mitad", señala Manuela. Pese a todo, Esther y Nieves ven con optimismo la oportunidad que se abre ahora de que su caso sea juzgado en Vigo tras perder el proceso que se celebró en A Coruña. "Un juez de aquí sabe perfectamente por todo lo que hemos pasado y cómo han jugado con nosotros durante todos estos años intentando que nos cansáramos pero nunca dejaremos de pelear por lo nuestro", afirman.
