De ser una de las grandes y más prestigiosas administradoras de fincas de Galicia, con unas 400 comunidades en cartera, a protagonizar un escándalo y vincularse con la presunta estafa de 1,1 millones de euros. A principios de 2013 la historia de Bautista Administradores dio un giro drástico. Al goteo inicial de reclamaciones de algunos de sus clientes, que la acusaban de apropiación indebida, le siguió en cuestión de meses una auténtica cascada de demandas que hoy suma 82 y llegaron a dispararse a 85. Todos le exigen dinero supuestamente sustraído de los fondos de sus comunidades de propietarios o del alquiler de propiedades.

Pero, ¿cómo pudo Bautista, supuestamente, desviar o apropiarse de una cantidad millonaria? ¿Cómo sin que se enterasen más de 80 comunidades de vecinos? ¿De qué forma se cocinó la presunta estafa por apropiación indebida que se investiga? El último informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo arroja luz sobre esas incógnitas. En concreto, y tras examinar en detalle sus cuentas y libros, define media docena de "mecanismos" con los que la administradora movía el dinero. El auditor cifra además el importe de la posible estafa en 1,14 millones.

El "mecanismo" al que con mayor frecuencia recurriría Bautista era echar mano de una cuenta común, gestionada por el administrador y compartida por varias comunidades. En esta situación se han visto 33 demandantes que reclamaban 652.300 euros, aunque de esa suma los expertos solo han podido verificar 623.600. Ninguna de esas comunidades disponía de cuenta propia. La segunda treta más empleada -con 20 demandantes- fueron las transferencias o los talones sin justificar. En estos casos las comunidades sí tenían sus propios fondos, pero Bautista, como administrador, disponía de firma autorizada, lo que le permitía actuar. El perito estima que de esta forma se movieron cerca de 296.000 euros, aunque las comunidades afectadas reclamaban 323.800.

En una docena de casos la práctica de la administradora habría sido algo distinta. Supuestamente Bautista, encargado de mediar en el alquiler de pisos y casas, no abonaba a sus propietarios las rentas de los inquilinos o directamente cargaba o detraía dinero sin justificación. A 100.100 euros asciende la valoración del perito en este caso. Otras de las prácticas de la gestora viguesa consistirían en emitir varios recibos duplicados, con lo que se habría apropiado y desviado 42.100 euros; o anotar en las cuentas de las comunidades gastos que no estaban pagados en realidad (53.200). En total los demandantes pedían 1,24 millones.