A través de la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, incluida en el proyecto de presupuestos para 2017, la Xunta abre la puerta a que el Concello pueda "desbloquear" el urbanismo por zonas y de forma "provisional". Desde la Consellería de Medio Ambiente sostienen que este mecanismo busca "evitar la paralización" de los ayuntamientos que, como Vigo, tengan el plan general anulado
En el título IV de este proyecto de ley -titulado "Medidas provisionales de ordenación urbanística"- , el Gobierno gallego expone que esta nueva herramienta se dirige a municipios con todo o parte del pan anulado y en el que haya recobrado vigencia el anterior, "que no responda a la realidad urbanística existente". En el caso de Vigo, el Tribunal Supremo tumbó el de 2008, restituyendo el de 1993. Defiende que "es una mejora sobre la actual figura de la modificación puntual, en tanto que incluye un procedimiento abreviado". Al hablar de sus "ventajas", sostiene que permitirá reforzar la seguridad de las licencias concedidas", así como "mantener la actividad vinculada a determinados ámbitos del planeamiento anulado que habían alcanzado un elevado grado de desarrollo con carácter previo a la anulación del plan".
Para acogerse a este nuevo instrumento es "requisito necesario" que el Concello haya iniciado la tramitación de uno nuevo. No podrá abarcar la totalidad del plan, sino que se podrá aplicar por ámbitos. El Ejecutivo local deberá justificar la elección de los ámbitos que ordene de forma provisional por "un especial interés general" ya sea por "su carácter dotacional público, la afección a elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio o de su grado de desarrollo o por su inclusión en un plan estratégico municipal."
La Consellería de Medio Ambiente explica que la aprobación de estos ordenaciones urbanísticas provisionales se hará mediante "procedimiento abreviado". Tras un estudio específico de la situación derivada de la anulación del plan, se deberá tramitar informe urbanístico y otro ambiental. La propuesta deberá coincidir con lo previsto en la planificación anulada y, salvo que se modifique, estará en vigor hasta que se apruebe un nuevo plan.
Este proyecto de norma destaca que "no será necesaria la adaptación de los instrumentos de ordenación provisional a la Lei 2/2016 de solo de Galicia". Resalta que la aprobación definitiva de estas ordenanzas no le corresponderá al Consello de la Xunta, si no al pleno de cada municipio. El departamento autonómico explica que se exigirán "todos los informes pertinentes" para dotarlo de "todas las garantías jurídicas". En el texto se especifica que, durante su exposición pública, "se solicitarán de las administraciones públicas competentes los informes sectoriales y consultas que resulten preceptivas". Si estos no los emiten en el plazo de un mes, se entenderá que son favorables.
"Chapuza jurídica"
Para En Marea, estas medidas provisionales introducidas en la ley de medidas fiscales "buscan eludir fraudulentamente las sentencias judiciales que anularon los planes urbanísticos municipales". Su viceportavoz, Antón Sánchez, las califica de "chapuza jurídica" y advierte de que conllevará "una elevada inseguridad" en este ámbito.
La coalición entiende que supone que la ordenación anulado por los tribunales pueda ser aprobada de nuevo mediante esta nueva figura "que carece en la actualidad de amparo normativo" tanto a nivel estatal como gallego. Resalta que la aprobación definitiva de estas ordenaciones recaigan sobre el pleno de la corporación municipal como una maniobra con la que la Xunta "pretende eludir toda responsabilidad frente a posibles recursos contencioso-administrativos o frente a reclamaciones de responsabilidad patrimonial" si los tribunales anularan la ordenación provisional".
