El comité ejecutivo aprobó ayer los presupuestos de Zona Franca para 2017 por seis votos a favor y dos en contra, los de los concejales socialistas David Regades y Javier Pardo. El rechazo de estos dos ediles a las cuentas sorprendió a la delegada del consorcio estatal, Teresa Pedrosa, por cuanto, a diferencia de las presentadas en el pleno del pasado julio, recoge algunas de las principales demandas del alcalde Abel Caballero, como la participación de Zona Franca en la rehabilitación de la Panificadora y la modificación de la partida prevista para la ampliación del polígono industrial de Balaídos para iniciar la inversión el próximo año en lugar de en 2018. Ahora queda en manos del regidor convocar al pleno de la institución estatal para la aprobación definitiva de un presupuesto que suma inversiones por un valor cercano a los 50 millones.

La "sorpresa" de Pedrosa obedece al cambio de actitud de los representantes del PSOE. "De la abstención al voto en contra", reprochó. Ambos justificaron el rechazo a las cuentas aprobadas ayer tarde tras fracasar en su intento de que se retirara la cesión del suelo en la ETEA a la Xunta y el proyecto para construir la Ciudad del Transporte. En cuanto a la partida de 5,5 millones para la reversión de los antiguos terrenos militares al gobierno autonómico, Pedrosa tachó de "mentira" que, como mantiene el alcalde, Zona Franca le vaya a "regalar nada a la Xunta en la ETEA. "Se cobra en especie parte de lo que le adeuda de un convenio que se remonta a 2009", especificó.

Sobre el complejo de servicios que los transportistas llevan 20 años esperando, los representantes municipales cuestionan que el consorcio sea competente para impulsar iniciativas de este tipo. Un argumento inconsistente que Pedrosa valoró así: "Si una institución que gestiona seis millones de metros cuadrados de suelo industrial que genera un tráfico importante de camiones no es competente para este tipo de proyectos, no sé entonces a cuál debería corresponder este proyecto".

Pese a todo, la delegada mantiene su disposición a "rebajar el clima de enfrentamiento" como ha venido haciendo, dijo, desde aquella controvertida sesión plenaria de julio donde los ediles socialistas consiguieron dejar en suspenso la aprobación de los presupuestos. "He hecho todos los esfuerzos por agradar durante estos 133 días", reveló. Como prueba de su buena voluntad, esos dos millones recogidos para la adquisición de bienes que permitirán el desarrollo el ámbito de la ampliación del polígono empresarial de Balaídos y los cuatro que compromete para rehabilitar la Panificadora.

Por lo que explicó ayer Pedrosa, el consorcio seguirá el esquema planteado por el alcalde para recuperar ese símbolo de la arquitectura industrial que languidece a los pies del consistorio. El consorcio asumirá dos tercios de la inversión necesaria para adquirir los terrenos, ahora en manos privadas, mientras que el Concello correría con el tercio restante. "Tenemos voluntad y ya estamos trabajando en un proyecto atractivo para la Panificadora", añadió la delegada.

La incorporación de las partidas para la Panificadora y la variación respecto a la de Balaídos aumenta la inversión de Zona Franca en 2017 de 44 a casi 50 millones y sin afectar a la distribución de las partidas reservadas para otras actuaciones que la dirección el consorcio abordó en el pleno de julio. Pero con este nuevo presupuesto la delegada incidió en que de los 49.980.000 euros de inversión, "el 100 % lo aporta el Estado", y que salvo dos pequeñas partidas en Porto do Molle, otra para el Puerto Seco y la reservada para la Ciudad del Transporte, "el resto será destinará al municipio de Vigo".