La Consellería de Educación activó a lo largo del curso 2015/2016 un total de 37 expedientes de absentismo escolar en una veintena de centros educativos de la ciudad olívica. Aunque no se trata de una cantidad realmente "preocupante", tal y como manifiestan responsables de varios centros educativos y también desde Foampas (Federación de padres de alumnos de Vigo), sí es una situación que a día de hoy no tiene fecha de caducidad. "Es un porcentaje pequeño, que normalmente afecta a hijos de familias desestructuradas. El centro hace un seguimiento del caso para luego remitírselo a la autoridad que corresponda. No es un porcentaje preocupante pero existe y hay que actuar contra él", comenta Bertila Fernández, portavoz de Foampas.
El absentismo escolar abarca mucho más que el hecho de faltar a clase. La ausencia injustificada del 10 % del horario lectivo mensual en las etapas de educación obligatoria, tanto primaria como secundaria, es decir, no acudir al centro dos días al mes o la impuntualidad reiterada son dos ejemplos de lo que, por normal general, se entiende como absentismo. Pero en todo caso, siempre se mira por las circunstancias particulares de cada niño, como la edad o situación familiar.
El proceso de apertura de un expediente de absentismo escolar empieza en el propio centro. "Los profesores llevan un seguimiento del alumnado. Si ven que en un mes hay un par de faltas sin justificar, se abriría un expediente que se le comunica a la jefatura de estudios", explica el director del colegio Canicouva, Ramón Méndez, presidente también de la asociación de directores de centros públicos de la ciudad olívica.
Reunión con progenitores
Tras esto, se convoca una reunión entre el tutor del centro y los padres del menor. De los 37 expedientes activados en los colegios vigueses, una docena se paralizaron en estas reuniones. "Cuando hablas con los padres y les explicas cuáles serán las medidas a tomar en caso de que persista la ausencia a las clases, normalmente les entra el miedo y los niños vuelven al aula regularmente", señala Méndez.
Si esta situación no prospera y el centro no es quien de solventar el problema del absentismo, como pasó en 25 casos durante el curso 2015/2016, se da traslado del caso a Inspección de Menores y a los Servicios Sociales del Concello. Los casos más severos o en los que se entiende una "desprotección del menor", la consellería puede remitir el caso a Fiscalía de protección de menores para su estudio. "Cuando pasa esto la situación es muy seria ya. Normalmente desde menores se le envía una advertencia a los padres y, como se puede ver, tienen efecto porque hay pocos casos que lleguen a los juzgados", revela Méndez Paz, quien señala que esta práctica es tan habitual en primaria como secundaria, aunque afecta principalmente a "niños de entre 10 y 12 años de edad".
