La estiba se defiende ante los "constantes ataques y descalificaciones" que padece por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. La sección de UGT, sindicato mayoritario y el que preside el Comité de Empresa de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), tildó ayer a Enrique López Veiga de "provocador" por el ultimátum que, con el objetivo de rebajar costes a los operadores, lanzó a la Sociedad para que retire a su plantilla tareas que ejercen en exclusiva amparadas en un "convenio ilegal", o de lo contrario, lo denunciará ante la Comisión Nacional de la Competencia. La representación de estos 119 trabajadores replica al dirigente portuario que el convenio que regula su actividad "ni es ilegal ni ha perdido eficacia" y rechazan abordar cambios hasta que el Gobierno corrija la ley para adaptarla a la sentencia del Tribunal Europeo.
El apercibimiento que envió este viernes Veiga a la Sagep señala que el convenio de la estiba "no es más" que un "pacto extraestatutario" entre trabajadores y empresas que "sólo compromete a quienes lo firman, nunca a terceros". En cambio, dice que "se ha venido aplicando de forma perversa, persiguiendo introducir obstáculos a la libre competencia entre empresas y trabajadores en contra de lo establecido en la Ley de Puerto". Dicho "convenio" vulnera la legalidad, según el Puerto, al menos por considerar como "actividades complementarias" de las propias que ya monopoliza la Colla -la carga y descarga en los buques-, también las de entrega y recepción de contenedores a los transportistas. Sobre la libre contratación de estas funciones, el dirigente portuario recalca que ya lo contempla el IV Acuerdo Marco y lo ratificó una sentencia del Supremo este marzo.
Para los estibadores, "todo tiene un límite". Acusan a López Veiga de generar "conflictos" para "buscar culpables y señalar a alguien de sus errores y así tener siempre una justificación". Sus "frases y contundencia", argumentan, tratan de "distraer a la opinión pública" pero "nada tienen que ver con la realidad y la lógica del funcionamiento del mayor motor económico y de empleo de la ciudad de Vigo". Su convenio colectivo, añaden, "no es ninguna herencia sino de aplicación por la Legislación Laboral". A este respecto adjuntan una respuesta del Consello Galego de Relacións Laborais del 31 de enero de 2013 a una consulta sobre la "ultra actividad" del convenio colectivo de la Sagep de Vigo. Esta institución constata que al no haber sido denunciado en esas fechas y mientras siga así, "el convenio colectivo sigue vigente".
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"¿Plantea coger atajos a la ley?"
Aun admitiendo que en los últimos años se ha producido "un proceso de cambios legislativos" en la ley que desde hace décadas regula la actividad de carga y descarga de los barcos, la estiba interpreta que el presidente del Puerto de Vigo pretende "poner en cuestión que el Sistema Español está sujeto a una legislación que lo regula y ordena, el Texto Refundido 20/10/2011 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante". Reconoce la plantilla que la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal Europeo que anuló algunos de los artículos de la ley 33/2010 -los que obligan a las empresas estibadoras a entrar en el accionariado de las Sagep y a contratar en exclusiva la bolsa de estos trabajadores- conlleva una modificación de la normativa española, "pero las leyes no se cambian con declaraciones en los medios de comunicación. Porque, ¿qué sistema plantea este presidente? ¿Que se cojan atajos o se aplique la ley?", formulan.
La otra pregunta que cabría hacerse en opinión de la sección sindical de UGT sería, "¿por qué no se ha modificado la ley, declarada en algunos artículos, contraria al derecho comunitario?". Recuerdan que el Gobierno consensuó una propuesta con las empresas y sindicatos para "armonizar" la ley española a la sentencia europea, pendiente todavía de aprobación por la imposibilidad de legislar un Ejecutivo en funciones. Entretanto avisan que "las leyes hay que cumplirlas mientras no se sustituyan por otras". De ahí que los estibadores consideren que López Veiga "miente" al asegurar que el fallo del Tribunal Europeo "ha liberalizado el sector e inste así a las empresas a incumplir la ley española".
Respecto a la ilegalidad denunciada por el presidente del Puerto de monopolizar también las actividades complementarias, la Colla lo niega en rotundo. "Sr. Presidente, no confunda", apostillan. En lo concerniente a que la carga y descarga de coches no tenga que ser realizada por los estibadores portuarios aceptan que "en efecto no es una actividad de servicio de manipulación de mercancías de acuerdo con lo previsto en el artículo 130.3.c de la Ley, pero el artículo 155 de la misma no deja lugar a dudas", dando a entender que sí ampara la exclusividad de la estiba en esta tarea. "Porque una cosa es el tipo de actividad que es y otra bien distinta quien tiene que realizarla", precisan.
A modo de conclusión lanzan un mensaje a la comunidad portuaria: "Vamos a seguir trabajando con la tranquilidad que lo estábamos haciendo hasta hoy, omitiendo las provocaciones de quien tendría que ser el mayo baluarte de la conciliación".
Los accionistas de la Sociedad se dan tres meses para lograr una rebaja de costes
- La embestida argumental del presidente de la Autoridad Portuaria contra la Sociedad de Estiba cuestionando la legalidad de su funcionamiento ha calado entre sus cinco accionistas. Obligadas por ley a participar en su capital y a contratar las actividades de estiba y desestiba a esa bolsa de 119 portuarios, estas empresas -Termavi, Bergé Marítima, Líneas Marítimas Española-Suardiaz, Estibadora Gallega-Kaleido y Pérez Torres Marítima- ya comienzan a resentirse de que López Veiga les ponga en el disparadero de la opinión pública con acusaciones de consentir a la Colla, por temor a sus movilizaciones, prácticas monopolistas más allá de las que permite la ley. Así que han iniciado una reflexión decididas a explorar las posibilidades de rebajar costes siguiendo el camino marcado por el Praza da Estrela.En el apercibimiento remitido el viernes a la Sagep, el Puerto le advierte que su convenio es ilegal al menos en la parte que impone la contratación de la Colla para la entrega y recepción de contenedores desde la terminal a los camiones, al considerarlas "complementarias" de las labores que ya monopoliza, de carga y descarga de los buques. Horas después de recibir este documento, en una reunión ya prevista con antelación, los citados accionistas no pudieron evitar que la polémica cuestión centrase el debate. Según fuentes de la Sagep, Termavi, socio mayoritario en la sociedad, y a la que más afecta la imposición del personal de la estiba para esas operaciones, suponiéndole un sobrecoste de 340.000 euros al año, logró convencer al resto de consejeros de la necesidad de estudiar con detenimiento si efectivamente se podría prescindir de la Colla como afirma rotundo Veiga. Para el presidente, "Termavi podría tener libertad de contratación desde ya".A la espera de recibir ese estudio jurídico, los consejeros coincidieron en que el volumen del enfrentamiento abierto por la Autoridad Portuaria contra la estiba aconsejaba marcarse plazos para despojar a las empresas de esa postura pasiva que se le ha reprochado durante todos estos meses cuando la mayoría se declaran "víctimas de un sistema perverso". Según las misma fuentes, acordaron fijar el margen de tiempo hasta finales de este año para lograr "cambios". Y parecen decididos. Se prevé que la próxima semana expongan al Comité de Empresa su planteamiento que no pasaría, como avanzó hace unos días CC OO, por la negociación de un nuevo convenio. Esta opción supondría como mínimo un año de negociaciones. Y ahora los accionistas tienen prisa. Unos más que otros.
