El Concello lanzó ayer una seria advertencia a las empresas adjudicatarias del Auditorio Mar de Vigo tras entrar en preconcurso de acreedores la sociedad que crearon para construir y explotar el complejo. "Vamos a ejercer todas las acciones que correspondan en defensa de los intereses de la ciudad", avisó el concejal de Economía e Facenda, Jaime Aneiros. Preguntado por si eso implicaría una resolución del contrato en última instancia, el edil contestó: "Llegaremos a donde tengamos que llegar". La concesionaria, por su parte, guardó ayer silencio. "Hay un proceso de preconcurso y mientras no se resuelve no consideramos oportuno hacer comentarios", explican portavoces de Merlin Properties, dueña de Testa, la accionista mayoritaria.

Pese a acumular pérdidas millonarias, el gobierno local considera injustificada la entrada en preconcurso de Pazo de Congresos de Vigo S.A., la sociedad constituida por las empresas adjudicatarias para construir y explotar el Mar de Vigo. En base a un informe del jurista municipal Francisco Yebra-Pimentel, el Concello reclama a los accionistas -entre los que, junto a Testa, están Abanca, Puentes y Calzadas y Sacyr- que saneen la entidad, ya que la oferta ganadora se eligió en base a la solvencia de la alianza de empresas. "Les hemos pedido que capitalicen la sociedad, tal y como obliga el pliego del contrato", explicó Aneiros. El edil pidió no caer en "alarmismos" pese al preconcurso y recalcó que el complejo "funciona con normalidad".

El informe jurídico subraya que la concesionaria no puede disolver Pazo de Congresos S.A. y recuerda que así lo recogen las condiciones del contrato. Sus cláusulas 20 y 21 excluyen la desaparición de la sociedad hasta el fin de la concesión -que tiene un periodo de 60 años- y la entrega del edificio al Concello.

"Si la empresa no cumple el pliego tendrá un comportamiento culpable y será un motivo muy serio a tener en cuenta por este gobierno", subraya el concejal de Economía. El informe recuerda que el pliego establece la posibilidad de resolver el contrato en caso de infracción muy grave de la concesionaria, lo que derivaría en una reclamación de indemnización millonaria del Concello.