El futuro de la concesión del Auditorio Mar de Vigo se nubla cuando parece que el recinto cobra brío ante la inminente implantación de la sede de la UNED, la gestión estable de la programación y la consolidación del hotel Eurostars. La adjudicataria, Pazo de Congresos de Vigo S.A., una alianza liderada por Testa y de la que forman parte también Abanca, Puentes y Calzadas y Sacyr, ha entrado en preconcurso de acreedores, según confirman fuentes de la compañía, al declarar pérdidas millonarias e imposibilidad de hacer frente a las deudas.
Conocedor de esta situación, el Concello ha movido ficha. El gobierno local aprueba hoy dirigirse al Juzgado de lo Mercantil número 3, encargado de tramitar el procedimiento, para solicitar personarse en las actuaciones. Paralelamente requerirá a los accionistas el saneamiento económico de la sociedad ya que, advierte Praza do Rei, esta no puede ser disuelta hasta el fin de la concesión.
El consejo de administración de Pazo de Congresos S.A. acordó el 21 de julio comunicar al Juzgado de lo Mercantil el inicio de las negociaciones con los acreedores para buscar un acuerdo de refinanciación o, en su caso, una propuesta de convenio dentro del proceso concursal.
La empresa ha acumulado pérdidas millonarias desde la apertura del recinto en 2011. En el ejercicio de 2013 ascendieron a 2,4 millones, y un año después a tres. Entonces sus responsables advirtieron del riesgo de quiebra técnica. El Concello inyectó cinco millones en 2012 y amplió la concesión a 60 años, el máximo legal, al haberse reducido la superficie de explotación comercial en el edificio tras recortarse su tamaño en el proyecto definitivo para que no se disparase el coste de la obra.
Aún así la gestión es deficitaria al estar infrautilizado el espacio comercial. Pazo de Congresos S.A. reclamó más aportaciones económicas públicas al achacar esta situación al "nulo atractivo" de la zona y alegar que había unas expectativas de regeneración urbanística del entorno que no se han materializado. El Concello rechaza inyectar más fondos y recuerda que el contrato establece que la concesión es "a riesgo y ventura" de la adjudicataria. En un duro informe anterior achacó a Pazo de Congresos no haber hecho un esfuerzo comercializador suficiente para ocupar los espacios.
El informe jurídico que ampara la resolución que pasa hoy por junta de gobierno recuerda que Pazo de Congresos S.A. es una sociedad instrumental creada por la unión de empresas concesionarias, y subraya que son estas las que deben responder por el saneamiento económico. "Su solvencia económica es la que se tuvo en consideración para la adjudicación", resalta el escrito firmado por el jurista Francisco Yebra-Pimentel.
El informe recuerda que el pliego del contrato deja claro que no puede disolverse la entidad "hasta la finalización del plazo de concesión y la entrega al Concello de la totalidad de la obra pública, quedando entretanto obligados los accionistas a mantener la sociedad en una situación saneada". En este sentido aporta un dictamen elaborado por expertos de la Universidad de Vigo bajo encargo del Concello, que concluye que "no cabe duda de que la obligación de saneamiento puede ser exigida por el Ayuntamiento" en caso de desequilibrio patrimonial de la concesionaria.
Resolución del contrato
El Concello advierte de que incumplir el saneamiento económico constituiría "una infracción contractual grave", y de nuevo alude al pliego del contrato, que establece la posibilidad de resolverlo por causa imputable al contratista. Esto implicaría exigencia de indemnizaciones millonarias por parte de la administración municipal.
