La Axencia Tributaria de Galicia sometió a la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo a un procedimiento de inspección en el que concluyó que le adeudaba 3,6 millones de euros por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La Xunta ha empezado a reclamar este gravamen a las empresas concesionarias de prestación de servicios públicos y el Tribunal Supremo la ha respaldado con una sentencia el pasado mes de julio.
Aunque la Unión Temporal de Empresas se opuso a esta regularización, la Administración la confirmó en diciembre de 2015. La concesionaria, al igual que han hecho otras adjudicatarias, ha recurrido al Tribunal Económico Administrativo Central.
