Una viguesa de 36 años volvió a dirigirse hace unos días al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia para demandar un piso social que le permita recuperar a sus tres hijos o, al menos, que le autoricen a pasar con ellos todo el fin de semana. Verónica Román recibe una pensión no contributiva de 367 euros mensuales que es incompatible con la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga). Comparte piso con tres hombres por 150 euros al mes para ahorrar todo lo posible y poder comprarle algo a los niños cuando la visitan dos sábados al mes. El mayor reside con los abuelos paternos y los dos pequeños, de 10 y 7 años, fueron declarados en desamparo por el Servizo de Familia e Menores de la Xunta y residen desde verano de 2013 con una familia de acogida del programa de Cruz Roja.

Su madre realiza trabajos por horas y vende pulseras pero no logra estabilizar su situación económica para acceder a una vivienda en alquiler que le permita reunir a la familia. Un piso es condición imprescindible para recuperarlos y por eso ahora mismo Verónica no solicita el acogimiento progresivo de los niños. "Se merecen unas buenas condiciones y estabilidad y es lógico que no puedan estar ahora conmigo", razona esta joven viguesa, con una única hermana en las islas y un padre con el que no mantiene relación. Emocionada al relatar su situación, se anima al explicar que sus hijos "son conscientes de que hago todo lo posible por estar con ellos, de que no los he abandonado. En su día quisieron darlos en adopción y me negué hasta que un juez lo impidió. Volveré a estar con ellos", proclama mientras agradece el respaldo del colectivo Os Ningués, que el 22 de septiembre volvía a dirigirse al alcalde de Vigo y al presidente de la Xunta para informarles de la situación de Verónica y exigir colaboración. Desde Infraestructuras afirman que está inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y que entre 2011 y 2014 tuvo una ayuda del programa Aluga.

Verónica fue víctima de malos tratos por parte del padre de sus hijos pequeños y en enero de 2011, de acuerdo con él, solicitó de forma voluntaria a Menores que se hiciera cargo de los dos niños al no poder mantenerlos. Posteriormente, ya sola, en un piso para víctimas de violencia de género del Concello y con un contrato de un año logró recuperarlos -septiembre de 2012-, pero una vez que se le acabó el trabajo y los seis meses de paro se volvió a quedar sin respaldo económico y fue cuando la Xunta no la vio capacitada por razones económicas y de salud e intervino para entregar en acogimiento a los más pequeños. El mayor está con los abuelos paternos.

"Están felices, en ese sentido estoy tranquila. Tengo buena relación con la familia de acogida de los pequeños. Me mandan vídeos y los regañan cuando hacen algo malo", presume Verónica, que reconoce que se le encoge el corazón al pasar por un parque. "Me visitan dos sábados de 12.00 a 18.00 horas y disfrutamos como enanos. Pero ellos me piden que quieren estar juntos y cada vez se me hace más duro", afirma esta madre pendiente de la resolución del cheque social de 2016 del Concello y de que salga un nuevo curso en Érguete para obtener el graduado pues sin él es consciente de las dificultades para encontrar un empleo.

Verónica ha emprendido una campaña en change.org donde recoge firmas para que alguna administración le facilite una vivienda digna que le permita recuperar a sus hijos o pasar más horas con ellos.